Tras las duras críticas de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, al nuevo modelo de financiación para las universidades públicas andaluzas en su discurso por el Día de la UHU el pasado 3 de marzo, este jueves ha sido el turno del Claustro para mostrar esa misma oposición frontal.

En una reunión de carácter extraordinario, el máximo órgano representativo de la Onubense ha abordado la nueva aplicación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de las Bases de aplicación de este sistema hasta 2026. El rechazo ha sido absoluto y con el argumento de que para la UHU supone, según han considerado, "un tratamiento financiero injusto y discriminatorio" que pone “en riesgo su funcionamiento futuro y prestación del servicio público de educación superior, abocándola al cierre”, según lo expresado por este órgano y trasladado por la propia Universidad a través de un comunicado.

A juicio del Claustro, el modelo parte de un “recorte presupuestario del 12,95% con respecto a la financiación percibida en 2021”, cifrado en más de 9,7 millones de euros. Aplicando la cláusula de salvaguarda, la Onubense verá su financiación “congelada en 2022”. En este sentido, el órgano estima que se genera una “situación de discriminación para los empleados de la Universidad de Huelva”, al no poder cubrir ni el crecimiento vegetativo de la plantilla ni la subida salarial para la misma.

Otra de las razones que alegan es que esta congelación financiera durante este año tampoco permitirá asumir los incrementos de costes que se están produciendo desde comienzos del año, derivados de la actual situación de subida de precios y de crisis energética, y que afectan en gran medida al pago de suministros y proveedores, mantenimiento de instalaciones y consumos de gas y electricidad.

La comunidad universitaria ve una “preocupante situación de cara al futuro”, en el que vislumbran un “escenario de permanente insuficiencia financiera y deterioro de sus servicios, que conducirá inevitablemente a la inviabilidad en un plazo máximo de tres años”.

Para el Claustro de la UHU es “totalmente incomprensible que, en lugar de atender a las necesidades de la Universidad de Huelva (estabilización y promoción de su plantilla, mejoramiento de sus infraestructuras materiales, implantación del Grado de Medicina autorizado desde 2010 o adecuada financiación de sus actividades investigadoras, entre otras cuestiones), se la penalice con un tratamiento financiero tan injusto y discriminatorio, que pone en riesgo su funcionamiento futuro y la prestación del servicio público de educación superior al que se debe, abocándola al cierre”.

El órgano representativo de la comunidad universitaria ha reclamado un incremento mínimo del 2,9% de la financiación prevista para el año 2022. De esta forma consideran que se garantizaría la suficiencia financiera de la Universidad de Huelva y se le permita atender a las obligaciones legales de pago de nóminas, suministros y proveedores.

La alternativa que proponen al nuevo modelo es otro “basado en contratos-programa plurianuales, como se establece en el Decreto-Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (artículos 87 y 88), dando cumplimiento al mandato legal de garantía de la situación financiera de las Universidades Públicas Andaluzas”.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha manifestado que el comunicado será remitido con carácter de urgencia al presidente de la Junta de Andalucía, al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y al presidente del Consejo Social de la Universidad. “Confiamos en que se asuma la gravedad de la situación por parte de la Consejería y se adopten lo antes posible las medidas de solución que correspondan para poder dar tranquilidad a nuestra comunidad”, ha declarado.