El cierre de Astilleros deja a Huelva sin actividad de construcción naval

Huelva se queda a partir de este año que ya termina sin industria naval. Después de varios meses sin actividad, Astilleros de Huelva admitía en febrero el cese de la construcción de grandes barcos al solicitar al Ministerio de Industria las ayudas por cierre. Y su final se certificaba el pasado mes de octubre, cuando la Junta de Andalucía, los sindicatos y los trabajadores alcanzaban un acuerdo para el plan social. Atrás quedaban meses en los que se fueron diluyendo la llamada hoja de ruta, la llegada de nuevos inversores e incluso la reivindicación sindical del mantenimiento de la actividad naval en Huelva.

En su lugar, Astilleros se ha cerrado con 147 trabajadores prejubilados, 20 despedidos y 54 recolocables. En cuanto a las nuevas inversiones, la única posibilidad anunciada es un acuerdo de intenciones firmado por la empresa Electria para instalarse en el Parque Científico Tecnológico de Aljaraque. Del sector naval, nada de nada.

Ese es el balance de un año que comenzaba con el traspaso de poderes al administrador único después de una larga pugna. José Luis Álvarez se hacía con las riendas de una empresa que presentaba un pasivo de 280 millones de euros entre Huelva y Sevilla, tres barcos paralizados en Huelva y otros tres a punto de quedarse en la misma situación en la atarazana hispalense.

El primer paso, que ya se preveía inicialmente en la hoja de ruta, fue (además de solicitar las ayudas por cierre) presentar un concurso de acreedores. Astilleros de Huelva está desde entonces en manos del juez, que tendrá que determinar cómo resarcir a los deudores de la naval. En aquel momento, el discurso oficial de Junta y sindicatos en torno a Astilleros era el mismo, la hoja de ruta que preveía para Huelva la creación de varias unidades de negocio: una de reparación y mantenimiento naval a cargo del grupo Boluda, otra logística del grupo Gallardo y la instalación de factorías de componentes para la industria eólica o de estructura offshore para el sector pesquero. Además, se aseguraba que se lucharía por el mantenimiento de la actividad naval y, de hecho, en el acuerdo aprobado se hablaba de una reestructuración de actividad.

Eso cambiaría en abril: la auditoría interna de la empresa arrojaba peores cifras de lo esperado, según la Junta (también cambiaba la responsabilidad política del asunto tras una crisis de Gobierno, pasando al titular de Economía, Antonio Ávila). Según las cuentas presentadas, Huelva y Sevilla sumaban un déficit patrimonial de 300 millones de euros, se enfrentaban a reclamaciones de deuda por otros tantos y necesitarían 170 millones para finalizar los barcos pendientes. Por lo tanto, advertía la administración, la hoja de ruta ya no era válida.

En ese momento se abría un nuevo discurso oficial, que reconocía claramente un futuro distinto para Sevilla (la búsqueda de inversores) y Huelva (final de actividad). Y a pesar de las críticas iniciales de los sindicatos, que aseguraban que los negativos datos económicos eran ya conocidos, se iniciaba posteriormente una etapa de negociación que culminaba en octubre con el acuerdo alcanzado para el plan social.

Según el convenio alcanzado, sólo 20 trabajadores quedan en la categoría de despedidos. Aparte de las prejubilaciones para los mayores de 52 años (con entre un 75 y un 70% del sueldo bruto), resta otro medio centenar de obreros que accederá a cursos de formación durante un periodo de un año. Una vez finalizado, la Junta de Andalucía debe presentarles una oferta de empleo que podrán aceptar o rechazar; en este caso tendrían derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado. Y si la Administración no presenta ninguna oferta, esa indemnización sube a 60 días por año.