En la mañana de ayer se desarrolló en varios municipios de Huelva una macrooperativo contra el tráfico de hachís en la que trabajaron de forma conjunta agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional (Udyco Central de Madrid y de Huelva) y Vigilancia Aduanera. Como pudo saber Huelva Información en primicia, el complejo dispositivo se llevó a cabo de forma simultánea en Isla Cristina, Pozo del Camino, Lepe, Palos de la Frontera y Huelva.

Sin embargo, la cifra de arrestados se vio reducida a la mínima expresión (apenas tres) debido a un chivatazo interno que puso en preaviso a los traficantes de droga, dándoles tiempo a poner pies en polvorosa antes de que se iniciara la fase de explotación del operativo policial.

Es por este motivo que el titilar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Ayamonte dictó ayer una providencia en la que se informa de la apertura de una investigación tras la "grave filtración" de los detalles del dispositivo, documento en el que el juez expresa que se pretendían llevar a cabo 27 entradas y registros domiciliarios y detener a 16 personas, pero que finalmente todo quedó "frustrado" dada la "precisión, amplitud y antelación" de dicha "filtración".

Las actuaciones, como consta en el comunicado difundido por el Tribunal Suprerior de Justicia de Andalucía (TSJA), se iniciaron el pasado 17 de febrero por un delito de tráfico de hachís por organización criminal ("revelándose posteriormente indicios de presunto delito de contrabando y trata de seres humanos"), y se encuentran declaradas bajo secreto de sumario, "habiendo sido tramitadas íntegramente, sin acceso de personal funcionario", por el propio juez y el letrado de la Administración de Justicia.

El instructor asevera que cuando los efectivos policiales llegaron a las casas de los objetivos, "la totalidad de los investigados se había evadido del domicilio, imposibilitando su detención, encontrándose los mismos con las puertas de entrada abiertas y los letrados designados para la defensa aguardando a la fuerza pública interviniente", mientras que a lo largo de la mañana de ayer "han sido encontrados un total de tres investigados (de 16 objetivos de la investigación)". Asimismo, "en parte de los domicilios, incluso, los investigados habían removido los bienes de mayor valor, tales como televisiones panorámicas".

Furgones de la Policía Nacional en Isla Cristina, junto a los llamados Pisos Blancos, ayer.

La autoridad judicial recuerda que se habían movilizado unos 200 agentes para llevar a cabo la intervención prevista ayer: cuatro equipos del Grupo de Acción Rápida, con base en La Rioja; dos grupos de la Unidad de Seguridad Ciudadana; tres equipos de intervención del Cuerpo Nacional de Policía, personal de Vigilancia Aduanera, personal del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Huelva y sus equipos de Policía Judicial; (un helicóptero), guías caninos, un autobús y furgones habilitados para el traslado de detenidos.

Dado "lo grave de la filtración, la precisión, amplitud y antelación de la misma y, derivado de ello, la frustración completa de la legítima finalidad de la instrucción", el juez ha ordenado que, "sin demora y en todo caso en el plazo de dos días", se lleven a cabo una serie de diligencias por parte de la fuerza actuante, principalmente el EDOA de la Guardia Civil de Huelva y el DAVA de la Agencia Tributaria de Huelva.

A ellos les reclama que confeccionen un "listado de sujetos detenidos y filiación completa de aquellos que han resultado evadidos, en orden a determinar la expedición sin demora de requisitorias de búsqueda, detención y personación", mientras que también  ordena una "dación de cuenta de las gestiones a realizar por cada grupo actuante en orden a determinar el origen de la filtración, su naturaleza, y actuaciones a implantar y desarrollar para atajar en el futuro la deriva sufrida en la investigación".

Trata así de identificar a todos los que estaban informados de que el operativo se iba a llevar a cabo, al tiempo que acuerda dar traslado del contenido de la providencia a los mandos de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacinoal, de modo que pongan en marcha sus asuntos internos para lograr "el completo esclarecimiento de los hechos".