La AUGC Huelva denuncia el alarmante aumento de ataques a agentes en la Cuenca Minera: “Agredir a un guardia civil sale gratis”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Huelva ha denunciado un preocupante repunte de agresiones contra agentes destinados en la Cuenca Minera, especialmente tras los últimos incidentes ocurridos en Nerva y Minas de Riotinto.

Según la organización, "casi una quincena de agentes ha sido agredida en lo que va de 2025", lo que consideran un “exponencial aumento” con respecto a años anteriores. AUGC atribuye esta situación a “la pérdida del principio de autoridad, la falta de garantías jurídicas y la escasa sanción penal” que enfrentan los agresores.

El caso más reciente tuvo lugar este pasado fin de semana en Riotinto. Dos guardias civiles fueron rodeados por unas 15 personas cuando intentaban identificar a los participantes en una pelea. Los agentes fueron agredidos con botellas y bebidas, y necesitaron refuerzos para controlar la situación.

En el enfrentamiento, varios familiares del detenido agredieron a al menos tres agentes. Posteriormente, estas mismas personas se desplazaron al cuartel de la Guardia Civil, donde profirieron amenazas de muerte e insultos contra los efectivos presentes, afirmando incluso que "lo pagarían con la vida".

AUGC advierte que la situación está generando una creciente inseguridad entre los agentes que prestan servicio en la zona. Además, denuncia que los juicios rápidos se están celebrando incluso antes de que los médicos forenses evalúen adecuadamente las lesiones, lo que dificulta reclamar indemnizaciones justas y aplicar penas proporcionales.

“Cuando atentar contra un agente de las FCSE sale gratis o con pocos perjuicios penales y económicos, el aumento de las agresiones continuará”, alerta la AUGC, que también critica el silencio institucional y la falta de respuesta por parte de las autoridades políticas.

La asociación reclama mayor respaldo jurídico, el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo, y una revisión urgente de los protocolos de actuación judicial. También insiste en la necesidad de reforzar la colaboración institucional y dotar de más medios y personal a los puestos más vulnerables, especialmente en áreas como la Cuenca Minera.