Las agresiones que sufrió un médico del Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez ya tienen sus consecuencias jurídicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.A través de un juicio rápido, la sentencia ya ha llegado a las partes implicadas.Las agresiones han acarreado a esa persona en cuestión, tres sentencias condenatorias: una de ellas por delito de atentado, otra por delito leve de lesiones y la última por delito leve de amenazas.

El agresor deberá pagar un total de 288 euros y una pena privativa de libertad de cuatro meses.Respecto a la sentencia sobre el delito de atentado, la condena es de cuatro meses de presión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El delito leve de lesiones de menor entidad le conlleva una pena de 24 días de multa a seis euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Finalmente, el delito leve de amenazas le ha supuesto otra pena de 24 días de multa a seis euros diarios, en los mismos términos de la sentencia anterior y expresa imposición de costas.La sentencia concluye indicando que “se acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta, condicionada a que el reo no delinca en el plazo de dos años”.

Entre otros aspectos, cabe destacar cómo la jueza ha tenido en consideración la figura de autoridad en los facultativos que están desempeñando su labor profesional.Como es lógico, la agresión ha provocado la indignación en la plantilla del hospital. De este modo, su junta de personal ha convocado una concentración ante la puerta del Servicio de Urgencias que tendrá lugar el martes de 13:00 a 13:30.Un tanto de lo mismo, hizo la dirección del hospital condenando la agresión la agresión a un facultativo por un paciente, mientras lo atendía.

El Juan Ramón Jiménez informó que el médico presentó la correspondiente denuncia de los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “habiéndose celebrado a las 48 horas siguientes el juicio rápido, por ser considerado atentado contra un funcionario público de la sanidad. Fruto del juicio celebrado, el agresor ha sido condenado a cuatro meses de prisión más la correspondiente sanción económica”.Desde la dirección del Juan Ramón se recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Desde el centro hospitalario se quiere, una vez más, mostrar su rechazo a esta clase de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que se quiere hacer un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. Finalmente, señalar que la Consejería de Salud y Familias trabaja en la actualidad en la puesta en marcha de un nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.