Tres marineros onubenses han sido condenados por la Audiencia de Huelva a penas privativas de libertad que fluctúan entre los tres años y medio y los cuatro y medio de prisión. El tribunal los considera autores de un delito contra la salud pública por navegar con más de 760 kilos de hachís a bordo en un pesquero ayamontino interceptado por la Guardia Civil en 2016.

En la sentencia, a la que ha accedido Huelva Información, la Sección Primera da por probado que el 22 de marzo de 2016 A.M.A.G. (ayamontino de 42 años, propietario de la embarcación y de la empresa Guadiana Pesquera), E.O.E. (onubense de 52 años) y A.R.P. (de 22 años y natural de Pozo del Camino) transportaban en el arrastrero 765,5 kilos de hachís destinados a la venta en el mercado ilícito.

Para llegar al convencimiento de los hechos probados, la Sala se ha apoyado en el reconocimiento de los mismos por parte de A.M.A.G., quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una rebaja en la pena de prisión. Y también en las declaraciones de los agentes y mandos de la Guardia Civil de Huelva que participaron en operativo que frustró el alijo.

De los otros dos marineros, que se mantuvieron en la defensa de su inocencia durante el juicio, remarca la Audiencia que E.O.E. declaró en el plenario pero “sus manifestaciones carecieron de toda credibilidad”, con respuestas que “no resultan verosímiles”.

Este hombre indicó que se embarcó a las 2:00 y que directamente fue a acostarse para después comenzar la faena pesquera, una versión de lo ocurrido muy distinta a la que ofreció tanto en sede policial como en el Juzgado de Instrucción 5 de Ayamonte, donde afirmó que “la sustancia se encontró en el mar, dentro de la red de arrastre en el momento de faenar”.

La Sala tilda esta primera declaración de, “además de muy poco verosímil, en todo caso inviable, ya que los agentes que accedieron al interior de la embarcación y examinaron la sustancia dijeron de modo contundente que los fardos estaban completamente secos”.

Las nuevas explicaciones dadas por E.O.E. en la vista oral tampoco son creíbles para el tribunal, pues “resulta que las fotos ponen de manifiesto que los fardos estaban precisamente ubicados en el interior de las cabinas y en el acceso a camarotes, es decir, en la zona cubierta, lugar donde necesariamente hubieron de ser vistos” por él cuando fue a acostarse.

El propietario del barco consigue una rebaja de la pena después de reconocer los hechos

Los investigadores habían realizado vigilancias días antes de interceptar el alijo, puesto que había “rumores” de que la banda pretendía introducir el estupefaciente por la costa ayamontina el 22 de mayo de 2016, coincidiendo con la visita del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la provincia.

Observaron cómo el día previo a la descarga, el 21 de marzo, el arrastrero “desconectó uno de los indicadores de localización y no el otro”, lo que desveló que no se dirigía al lugar donde habitualmente realizaba sus faenas pesqueras.

El regreso a puerto también resultó extraño a la Policía Judicial: llegó a una hora impropia para el desembarco o la descarga de pescado. “Se pudo observar que únicamente retiraban algunas redes y cadenas que introducían en una furgoneta de la que se entendía que podía ser empleada para el transporte de la sustancia” psicotrópica.

A las 3:00 del día 22 de marzo el pesquero se hizo a la mar y desconectó la geolocalización. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil lo avistó cuando retornaba “al probable desembarco en Punta del Moral”. Fue entonces cuando los agentes de la patrullera procedieron al abordaje y detención de los tres marineros.

La Sección Primera destaca que ninguno de ellos dio “explicaciones de ninguna clase ante la acción de la Guardia Civil”, algo que considera que haría cualquier persona sorprendida en semejantes circunstancias, con esa cantidad de droga repartida en 25 fardos de la que desconoce su existencia.

El más joven de los procesados, A.R.P., ni siquiera abrió la boca durante el juicio. A este, no obstante, el tribunal le impone cuatro años de prisión y dos multas de 10 y 14 millones de euros. La condena es seis meses inferior a la de E.O.E., que cumplirá 4,5 años, lo que la Sala motiva en la edad que tenía cada uno de ellos en el momento de comisión del delito: 19 el primero y 50 el segundo. Este también tendrá que abonar las sanciones millonarias en idéntica cuantía. En cuanto al dueño del barco y organizador del alijo, A.M.A.G., el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal fijó la condena en solo tres años y medio de prisión, aunque también tendrá que pagar las dos multas de 24 millones.