Visto para sentencia el procedimiento penal contra un padre, P.S.A. Pepe (de 38 años), y su hijo S.P.A. Sandu (de 22 años), por "esclavizar" a un compatriota búlgaro, un joven de 18 años que se atrevió a denunciarlos a finales de 2018. El primero se enfrenta a 13 años de prisión por delitos de trata de seres humanos e imposición coactiva de condiciones laborales; el segundo, a 14 años de prisión por los dos principales tipos delictivos y por otro de coacciones. La tercera persona procesada, para la que la Fiscalía también pide 14 años de reclusión, es V.O.T., en busca y captura desde que la autoridad judicial decidió ponerlo en libertad con cargos.

Ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva –conformado por Antonio Pontón, Esteban Brito y Luis García-Valdecasas–, tanto Pepe como Sandu se negaron ayer a reconocer los hechos que se les imputan pero admitieron responder a las preguntas de su abogado, Diego Silva.

El padre señaló que lleva viviendo en España unos "cinco o seis años", que cuando arribaron a Huelva la víctima "no viajaba con nosotros, no lo conocía", y que se dedicaba a trasladar a trabajadores a una finca de aceitunas de Bollullos de la Mitación (Sevilla), como una especie "de taxista", cobrándoles cinco euros por el viaje.

Pepe aclaró que "no cobraba nada más ni me quedaba sus jornales". Tampoco les quitaba los móviles ni la documentación "ni he obligado a nadie a trabajar". Asimismo, negó que pegara o amenazara a la víctima cuando descubrió que había denunciado la situación en octubre de 2018.

Sandu por su parte indicó que había sustituido a su padre transportando a gente a la finca sevillana desde Huelva "dos veces, a la tercera me cogió la Policía". También apuntó que el manijero de la explotación agrícola "daba dinero alguna vez a su padre y le decía: a Fulano le pertenece equis dinero, pero lo hacía porque mi padre entiende búlgaro".

Calle Geranio de El Torrejón, donde vivía la víctima.

Sobre el perjudicado, señaló que lo fueron a buscar a la comisaría Centro de Sevilla después de que pusiera la denuncia y que lo trajeron de nuevo a Huelva, "a la casa de V.O.T., porque vivían juntos" en El Torrejón. El encausado desmintió que él o su padre hubieran amenazado o agredido a la víctima después de aquel episodio.

La defensa solicitó a la Sala como cuestión previa que anule el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva por el que se dio vía libre para registrar el piso de padre e hijo, en la calle Río Duero de la barriada de Pérez Cubillas. "No cumple los requisitos para vulnerar un derecho fundamental" como es la inviolabilidad del domicilio, remarcó el letrado. En esta diligencia los investigadores hallaron cuatro agendas "con numerosos apuntes contables, resguardos de envíos de dinero al extranjero, 16 teléfonos móviles, dos solicitudes de alta en la Seguridad Social y la cantidad de 1.600 euros divididos en 35 billetes de 50 euros", remarca la Fiscalía en su escrito de acusación.

Uno de los testimonios más reveladores del plenario lo ofreció el inspector Rafael Colmenero, que a finales de 2018 estaba al frente de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional de Huelva. Contó que el 27 de noviembre de 2018 la unidad y su homóloga en Sevilla montaron en la finca un dispositivo "novedoso" –por la coordinación y el volumen de agentes desplegados–, llegando a detener "a unos seis o siete vehículos en los que viajaban más de 40 personas".

Recalcó que la víctima viajaba en una de esas furgonetas pese a que hacía más de un mes que había presentado la denuncia. Y que su documentación estaba en la guantera de otro vehículo.

El fiscal destaca el “terror” que sentía la víctima y estima que hay “pruebas sobradas” para condenar a los procesados

Este testigo, además, enfatizó que "creemos que el resto de jornaleros, más de 40, también eran víctimas". A su juicio, los demás no denunciaron cuando se abrió el protocolo de trata de seres humanos y se les entrevistó en comisaría "por miedo", puesto que antes de entrar a dependencias policiales, en el garaje por donde entraron a la Jefatura del Paseo de las Palmeras, "uno de los que luego fue detenido los estaba aleccionando en búlgaro; no sabemos qué les decía, pero sí que estaba hablando activamente al resto; la víctima nos contó que había personas que estaban peor que él".

El manijero del campo en cuestión declaró que Pepe "me llevaba gente en la furgoneta", que hacía a veces de intérprete y que nunca llegó a pagarle para que él distribuyera los jornales entre los trabajadores. También apoyaron a los acusados una hermana de P.S.A. y su cuñado.

Ayer no se escuchó en la sala la declaración preconstituida del perjudicado, se dio por reproducida. Pero el fiscal del caso, Miguel Ángel Arias, sí subrayó en las conclusiones que "su estado de terror era patente". Relató cómo "se le obligaba a trabajar bajo amenazas, lo agredieron cuando se enteraron de la denuncia y nos dijo que no le daban de comer y buscaba en la basura o recogía chatarra". Con todo, defendió los delitos y las penas solicitadas y puso de manifiesto que "existen pruebas sobradas de los hechos".

El defensor interesó la libre absolución de sus patrocinados porque "no se ha acreditado en ningún caso la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal". Silva expuso las "contradicciones" de las tres declaraciones ofrecidas por la víctima. "Este sería el primer caso en que hay un asunto de trata de seres humanos a distancia porque, ¿qué control podían tener padre e hijo sobre el perjudicado, si vivían en otro domicilio? La trata requiere un control que aquí no existe", concluyó.