Representantes de CCOO y UGT se han encerrado hoy en las dependencias de la Jefatura Provincial de Correos de Huelva para "protestar por la reconversión y el desguace del Servicio Postal Público". Este encierro se enmarca en las movilizaciones que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT están llevando a cabo bajo el lema Salvemos Correos y que tiene en el horizonte más inmediato la convocatoria de huelga general del próximo 1, 2 y 3 de junio.

CCOO y UGT denuncian la política de "abandono del servicio público postal y de Correos", que ha provocado "el desplome de la carga de trabajo y una situación insostenible económicamente (hundimiento) con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019, si sumamos los 100 millones en negativo del ejercicio 2021, y un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica", sostienen los sindicatos. Asimismo, prosiguen con que "esta política de desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país por parte de su presidente ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20% del total de la plantilla. En la provincia de Huelva la tasa de empleo a tiempo parcial es del 23%, muy similar a las del resto del estado".

A este respecto, UGT y CCOO subrayan que el "deterioro" del servicio postal público "es cada vez más evidente en la provincia de Huelva a consecuencia de la política de desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo".

CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio bajo el lema salvemos Correos. Ambas organizaciones exigen al Gobierno de España "un replanteamiento sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía del país, contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace tres años por Serrano".

Correos responde a las movilizaciones

Sobre las movilizaciones, desde el Servicio Postal Público sostiene que "no existe ningún plan de privatización de Correos. Correos es una empresa 100% pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI. Y lo seguirá siendo: no existe ningún plan de privatización de la Compañía".

Añaden que "no hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express. La colaboración de Correos con sus filiales, incluida Correos Express está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están perfectamente delimitadas en la normativa aplicable al Grupo Correos".

De otro lado, desde apuntan que Correos no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución, así como que "no está realizando despidos ni destruyendo empleo".

En este punto, Correos afirma que se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, "sin privatización ni despidos". Así, "el objetivo es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia (en 2021, 212 millones menos que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019)". Este proceso de transformación gira entorno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia, "todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos".

Por ende, "es completamente falso que Correos se vaya a fragmentar. Se trata de una reorganización interna que no va a afectar a la unidad de la compañía. Es una especialización por líneas de negocio para mejorar la gestión, dentro de la estructura de la compañía", finalizan.