La irrupción de la pandemia de coronavirus obligó al Servicio Andaluz de Salud a reforzarse con personal extraordinario, dada la elevada carga asistencial que trajo consigo el virus. Es por ello, que profesionales de la sanidad, vigilantes de seguridad y auxiliares de información se incorporaron a los hospitales y centros de salud de la provincia de Huelva. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la pasada semana la decisión de renovar más de 12.000 contratos extraordinarios, de los que 737 corresponden a la provincia de Huelva, según han precisado desde Salud (a ellos se sumarán la parte proporcional de medio millar de puestos de trabajo adicionales que quedan por renovar a nivel regional). Sin embargo, ninguno de ellos corresponde ni a agentes de la seguridad privada de la sanidad onubense ni a auxiliares de información, cuyos contratos vencerán el próximo 31 de diciembre.

Así lo confirman a este diario desde Salud y Consumo, desde donde explican que, "con la normalización de la situación epidemiológica y la recuperación de la actividad habitual y el acceso ordinario de la población a los centros, está previsto que dichos refuerzos concluyan a finales de este mes su vinculación con el SAS".

Ante ello, los vigilantes de seguridad y los auxiliares de información alertan de que esta decisión se traduciría en una merma de la vigilancia en los hospitales onubenses. Concretamente, según apuntan desde la Plataforma Logística Sanitaria (servicio que abarca el mantenimiento integral de los hospitales), son 15 los contratos de vigilantes que expiran en los hospitales Vázquez Díaz, Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, aunque, previsiblemente, "se quedarán en una docena al haber varias bajas que cubrir". A su vez, también llegan a su fin cinco contratos de auxiliares de información "(dos en el Infanta Elena, dos en el Hospital de Riotinto y uno en el Juan Ramón Jiménez)", añaden. 

Respecto a la vigilancia, una de las principales preocupaciones es el hospital Infanta Elena, cuyas Urgencias se quedarían sin los tres vigilantes con los que cuenta actualmente. Una circunstancia que, según denuncian la propia Plataforma, "no tiene sentido en un momento en el que las agresiones físicas y verbales han aumentado".

Conviene recordar que, según datos del Sindicato de Enfermería (Satse), un total de 93 profesionales del Servicio Andaluz de Salud que trabajan en Huelva fueron agredidos entre enero y julio de este año, lo cual se traduce en una agresión cada dos días. De ellas, 24 fueron físicas, mientras que el resto se refieren a ataques verbales. Con los datos de 2022, si la tendencia actual se mantuviese hasta final de año, se alcanzarían las 165 agresiones a 31 de diciembre, una cifra considerablemente superior a las de 2021 y 2020, cuando se contabilizaron 141 y 84 ataques, respectivamente.

El resto del personal de vigilancia cuyos contratos vencen en 10 días se reparte por los diferentes espacios de los hospitales ya citados. Las Urgencias del Infanta Elena comprenden el único punto que se quedaría sin vigilante, pues las del Juan Ramón Jiménez "eliminan el personal de refuerzo, pero mantienen a un trabajador", afirman desde la Plataforma Logística Sanitaria. 

En este punto, desde la Plataforma explican que el vigilante de seguridad es el personal capacitado y formado para  "prevenir, disuadir y reconducir situaciones conflictivas que puedan derivar en agresiones físicas o verbales", de ahí que manifiesten "la importancia de la presencia de estos profesionales en un momento en el que las agresiones están creciendo". De hecho, aseguran, "los propios profesionales y sindicatos sanitarios nos transmiten su apoyo porque demandan la seguridad que les proporcionamos". 

Desde CSIF consideran, de este modo, que "la reducción de la vigilancia supondrá una menor seguridad en los hospitales, especialmente, en las Urgencias del Infanta Elena, que se quedan vacías de vigilantes". Por tanto, afirma el responsable de Sanidad del sindicato, César Cercadillo, "en un momento en el que estamos experimentando un aumento de los ataques a sanitarios, rechazamos cualquier medida que suponga una merma de su seguridad".

Por su parte, la administración sanitaria subraya a este diario que se está trabajando en un nuevo contrato provincial para los servicios de seguridad privada y auxiliares de información en los centros, "que se licitará en breve y que contempla la adecuación de la plantilla a las nuevas necesidades existentes". 

Para que los mismos sean una realidad "no hay fecha aún", avisan desde la Plataforma Logística Sanitaria, que insisten en que desde el 1 de enero, "un día que puede ser complicado por las múltiples incidencias de Nochevieja y Año Nuevo", ya hay "una merma de la vigilancia", con el "perjuicio" que puede suponer esto para el resto de profesionales de los hospitales.