Sólo las eléctricas tuvieron que comprar derechos de emisión en el mercado

Un año más el coste privado de la aplicación del comercio de derechos de emisión (el instrumento más conocido para alcanzar el objetivo de reducción marcado en el Protocolo de Kioto) cae sobre el sector eléctrico. El Plan Nacional de Asignación (PNA) ya preveía el mayor recorte de derechos sobre emisiones reales para las eléctricas y el descenso de la producción ha hecho el resto: a las fábricas de otros sectores les sobran muchos derechos.

El PNA establece unas cantidades gratuitas de emisiones de gases de efecto invernadero, para las cuales las instalaciones obtienen derechos; a partir de ahí tienen que comprarlos en el denominado mercado de CO2 (o compensarlos por otros mecanismos). A él tuvieron que acudir a priori el pasado año Unión Fenosa, Endesa, Generación Eléctrica Peninsular de la refinería y Enernova Ayamonte. A las restantes instalaciones les sobraron derechos emisión (sólo agotaron el 81% de los recibidos de forma gratuita), aunque la gran diferencia existente entre las emisiones de las centrales eléctricas y la asignación gratuita impidió que el total del CO2 emitido por las industrias de la provincia incluidas en el PNA se cubriera con los derechos iniciales. Eso sí, sólo se sobrepasaron en un 3,78%, muy lejos del 30,5% de superación del pasado año.

Lo ocurrido en Huelva sigue la pauta del resto del país. El pasado año se produjo una sobreoferta de derechos de emisión: con las paradas de numerosas industrias sobraban derechos y algunas empresas que en condiciones normales no hubieran vendido sus excedentes (pueden acumularlos durante todo el periodo 2008-2012) los sacaron al mercado por sus problemas de tesorería. Según los datos de la Bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono y Créditos de Carbono, Sendeco2, si el pasado año los precios del derecho (tonelada de CO2) oscilaron entre los 15 y los 8 euros, precisamente por esa gran oferta, en éste el coste se ha estabilizado en torno a los 13 euros, aunque empezando a subir en las dos últimas semanas.

Con estos precios, las eléctricas habrán pagado entre 8 y 15 millones de euros si han tenido que comprar derechos y el resto ganar entre 4 y 7,4 millones si los han vendido. Unas cantidades nada despreciables que van a las cuentas de resultados de las compañías.