La Autoridad Portuaria de Huelva señaló ayer que ha mantenido un diálogo “constante” con el sector de los exportadores de pescados y mariscos, a fin de establecer “las mejores condiciones” para la implantación de las empresas en las nuevas instalaciones de la Ciudad del Marisco y subrayó que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma hasta finales del mes de septiembre.

Así lo indicó en relación con las manifestaciones hechas públicas este lunes por la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva en la que se solicitaba al Puerto qué va a ocurrir con el futuro inmediato de su actividad “ante la orden de desalojo forzoso” de sus instalaciones actuales en el Muelle de Levante que vence este próximo 30 de junio. Estas empresas tendrían que estar a partir del 1 de julio en el nuevo edificio de la Ciudad del Marisco que está construyendo la Autoridad Portuaria junto al acceso al Puente Sifón de Punta Umbría. Sin embargo, las obras de esta infraestructura no están aún terminadas “y no hay fecha definitiva que determine cuando podrán comenzar su actividad allí las empresas exportadoras de pescados y mariscos”,.

Desde el Puerto recordaron que las autorizaciones administrativas de la que han disfrutado en los módulos situados en el Muelle de Levante tienen su origen hace décadas con legislaciones distintas a la vigente, y con “instalaciones obsoletas para el desarrollo de su actividad”. Por esta razón, incidieron en que los títulos administrativos se extinguieron el pasado 31 de diciembre de 2019 y se abrió un plazo “amplio” para el desalojo de instalaciones.

En este contexto, señalaron que “aunque no es función de la Autoridad Portuaria buscar alternativas a esta actividad”, dentro de su “compromiso” de apoyo al tejido empresarial de Huelva, ha ejecutado el proyecto de la Ciudad del Marisco, “dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual, donde podrán optar por ubicarse las empresas que lo decidan”.

También se ha mantenido un diálogo “constante” con el sector, a fin de establecer “las mejores condiciones funcionales y económicas para la implantación de las empresas que así lo deseasen en estas nuevas instalaciones”. Así, se ajustó al mínimo legal el importe de las tasas, resultando un importe de 580 euros mensuales por un local de 150 metros cuadrados y que los locales se encuentran sin equipamiento “para que cada empresario pueda adaptarlo a su actividad concreta, así como para abaratar al máximo el coste a repercutir en las mencionadas tasas”.

La Autoridad Portuaria recordó que lleva meses instando a los empresarios a tramitar la concesión de los módulos en la Ciudad del Marisco a fin de facilitar la ubicación de aquellos que quieran implantarse en las nuevas instalaciones. “El retraso en formalizar estas solicitudes ha hecho que los plazos sean muy estrictos, si bien hay que tener en cuenta que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, contándose en estos momentos hasta finales del mes de septiembre”.

Por último, desde el Puerto destacaron que “ninguna de las resoluciones de la Autoridad Portuaria ha sido recurrida por los empresarios, que pretenden una indemnización por la extinción de un título al término de su vencimiento natural y por obsolescencia de las instalaciones, y en una situación ante la que, en ningún caso, la APH fuerza, obliga, ni insta a traslado alguno de los empresarios”.