La Junta de Andalucía, a través de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, invierte en Huelva 1,28 millones de euros entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 en el programa del sistema de protección de menores en situación de riesgo o desprotección; dicha cantidad se reparte entre la Diputación provincial (532.836 euros), y los Ayuntamientos de Huelva (14.069 euros); Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Moguer (88.806 euros cada uno), y Cartaya (74.005 euros), con los que se han renovado los convenios anuales de colaboración, que atienden a más de 386 familias y 743 menores en la provincia.

Los programas de tratamiento familiar, gestionados a través de la Consejería de Igualdad, reconocen el papel de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona, e inciden en la necesidad de ofrecer a los niños, niñas y adolescentes una atención integral que abarque desde sus necesidades físicas a las psicológicas, emocionales o sociales, conforme a la normativa andaluza.

Los ETF son grupos de carácter interdisciplinar conformados por 465 técnicos y 92 personas coordinadoras que actúan en 92 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales andaluzas, con un coste de 13,7 millones. En 2021 atendieron a más de 10.980 menores y un total de 5.756 familias en toda Andalucía.

Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo. Por un lado, eliminan y atajan la conducta de maltrato, y por otro trabajan para instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.

La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por este servicio en la comunidad.

“El papel que juega la familia en el desarrollo infantil es básico por los vínculos afectivos que en ella se establecen”, ha explicado el delegado provincial de Igualdad, Manuel Antonio Conde, durante la firma de los convenios. “Y es fundamental el esfuerzo y compromiso de las administraciones públicas para satisfacer y preservar ese derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres”, ha añadido.

Así, Conde ha detallado la labor del Programa de Tratamiento Familiar para “proteger a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad año tras año”, al promover su desarrollo en su medio familiar y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores. El delegado ha agradecido el esfuerzo y dedicación de los diferentes profesionales que componen los ETF, “que trabajan día a día haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos a su disposición”.

Perfil de los usuarios

Según la última memoria de actividad del programa en Andalucía, el 28,5% de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.211 familias, el 21% del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (22,2%). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (44%), y en un 4% de los casos alcanzan los estudios universitarios.

La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (50%), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.

Asimismo, aproximadamente el 57% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en alrededor del 35% de los casos. También se detectan adicciones (27%), problemas psíquicos o comportamentales (42,79%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (40,95%).