El ejercicio 2012 no ha sido precisamente fácil para los más de cien afectados por las sustracciones de recién nacidos que conforman el colectivo SOS Bebés Robados Huelva. Después de un duro camino en el que la ansiedad por encontrar a sus pequeños -o a sus padres, en el caso de los adoptados- se mantiene con la misma intensidad de aquellos años en que se los arrebataron (todavía las lágrimas asoman a los ojos de muchas de las madres), la peor de la noticias les llegaba en noviembre: la Audiencia Provincial se reunía en un pleno sin precedentes y decidía que no existe delito de detención ilegal y que, por tanto, los hechos han prescrito.

Aún no se han recuperado de semejante mazazo. De hecho, tal es el nivel de consternación que padecen las víctimas que se están planteando recurrir al Tribunal Constitucional y, si el fallo no fuera favorable, al de Estrasburgo.

La Audiencia ha cerrado la puerta a los procedimientos de Huelva a cal y canto. Tanto es así que los onubenses son los únicos españoles que no podrán beneficiarse en profundidad de la circular distribuida por la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de diciembre, un texto en el que aúna criterios y ordena a las fiscalías provinciales que califiquen la sustracción de neonatos como un delito de detención ilegal que no caduca y cuyo tiempo no empieza a contar hasta que la víctima tiene conocimiento de que es un niño robado y conoce sus orígenes. En Huelva, por más que avancen los asuntos en los juzgados, por más que la Policía obtenga pruebas y los fiscales ordenen exhumaciones, siempre interferirá en las causas algún recurso de la defensa -hay casi una veintena de imputados- que acabará en manos de la Audiencia. Y ésta les dará carpetazo aludiendo a la prescripción.

La oscuridad y el silencio que se ciernen sobre el tema son absolutos. Algo huele a podrido y resulta harto complicado obtener avances en las investigaciones. Más bien, todo son obstáculos. Incluso los agentes del Servicio de Atención a la Familia de la Policía Judicial de Huelva concluyeron tras una investigación amplísima que dos de los libros del cementerio habían sido transcritos. A mano. Tampoco se podrá determinar si han sido manipulados los datos que constan en ellos -principal y, a veces, única prueba para las víctimas- porque la autoridad judicial ha archivado el asunto.

En la desazón, un soplo de esperanza arribó a Huelva el 3 de diciembre, cuando este diario adelantó que Enrique Olivert, un adoptado residente en Matalascañas, había encontrado a su familia biológica en Bilbao. El ADN, que hace milagros. Su madre lo buscaba desde hace 47 años, cuando se lo arrebataron las monjas en una maternidad vasca. Un rayo de luz en la tiniebla.