El vicepresidente del PP onubense, Alberto Fernández, ha señalado esta mañana que tanto en Punta Umbría como en Almonte los concejales populares se han saltado las directrices del partido, si bien las situaciones vividas en la constitución de ambos ayuntamientos son "diametralmente opuestas". 

En el caso de Almonte, la candidata de Mesa de Convergencia, Rocío del Mar Castellano, fue investida alcaldesa al recibir el apoyo de los doce ediles del PSOE, del PP y de Independientes (de modo que la lista más votada, la del exalcalde Francisco Bella, quien concurrió a las elecciones con su propio partido, Ilusiona, ha pasado a la oposición con nueve concejales).

Ante este hecho, Fernández recordó que los ediles del PP en el último momento no respetaron las directrices de la dirección provincial, que eran que Rocío Martín, la número dos de la lista, se postulase como candidata a la Alcaldía, con los votos del PP, después de que el viernes el cabeza de lista, Matías Medina, renunciara a su acta de concejal.

Por ello, el PP onubense elevará a la junta directiva provincial un expediente sancionador, que es el mecanismo que se abre ante el comportamiento negligente de cualquier afiliado, que puede terminar con la expulsión, o bien puede finalizar con otras medidas sancionadoras contempladas en los estatutos del partido. 

Será la junta directiva provincial, una vez aprobado el inicio de ese expediente, la que dé traslado del mismo al comité de derechos y garantías provincial, que si considera que los ediles deben ser expedientados, elevará su propuesta de resolución al comité de derechos y garantías regional y más tarde al nacional. 

"Siguen siendo concejales del PP en Almonte y, ya que no han cursado baja, vamos a cursar el expediente que entendemos desde la dirección provincial que debe concluir con la expulsión", ha manifestado.

La junta directiva provincial, según ha avanzado, tendrá lugar la próxima semana o la siguiente y en la misma, además, también se abordará la reestructuración de los partidos en ambos municipios, ya que el PP "aspira a seguir teniendo implantación en la sociedad de Almonte y Punta Umbría, como sin duda va a suceder".

Así, en lo referente a la localidad costera, ha avanzado que el PP seguirá ejerciendo la labor de oposición a pesar de no contar con grupo municipal, mientras que en Almonte espera que, una vez que se abran los expedientes, los concejales entreguen sus actas, con lo que el PP podría contar con tres representantes en el consistorio. 

En cuanto a lo ocurrido en Punta Umbría, donde la socialista Aurora Águedo mantiene la alcaldía cuatro años más tras la negativa de las dos ediles del PP –María Sacramento y Amelia Gallardo– a respaldar a José Carlos Hernández Cansino (UPU) como candidato a la alcaldía pese a las consignas del partido, que eran que se promoviera un gobierno popular o que se evitara que el PSOE revalidara su mandato, el vicepresidente de los populares recordó que ambas ediles se dieron de baja del PP y ya eran no adscritas antes de la toma de posesión del acta de concejalas, con lo que no se les puede exigir responsabilidades desde el partido. 

"Decidieron darse de baja del PP y desde el minuto uno son concejalas no adscritas. No es un gobierno que ha comenzado con dos concejalas del PP que luego deciden irse al PSOE. Ni siquiera inicialmente tomaron el acta de concejalas del PP, con lo que legalmente no podemos reclamarles nada. Nos gustaría. Pero no podemos", ha argumentado. 

También se ha referido Fernández al hecho de que Sacramento y Gallardo serán tenientes de alcaldes y las responsables de Desarrollo Local y Empleo, Pesca, Parques y Jardines; y de Urbanismo, Actividades, Ocupación de Vías Públicas, Cementerio y Mercado, respectivamente, como concejales no adscritas. Al respecto, señaló que que "quien tiene que decir el cómo el por qué y cómo se ha cerrado el pacto es el imputado Ignacio Caraballo". 

A su juicio, el gobierno que se ha formado en Punta Umbría no se tenía que haber producido y desde el primer momento, por la trayectoria profesional en política que tiene Sacramento, la Alcaldía "debería haber recaído en ella si hubiera seguido manteniendo su acta del concejala del PP".