La defensa de la educación pública, como rezaba en muchos carteles, fue la bandera de miles de onubenses en la mañana de ayer para manifestarse contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía. En esta línea se unieron en un manifiesto los sindicatos ANPE, CCOO, CSIF, UGT, Ustea “junto con el apoyo de las familias y alumnos” en el que denuncian que la Administración andaluza ha “ignorado” a la comunidad educativa en la realización del decreto y “sin tener en cuenta lo establecido en el Consejo Escolar de Andalucía”.

“Consideramos que este decreto es un ataque en toda regla a la educación pública, provocando supresiones en las unidades de la escuela pública, perdiendo docentes y mermando la calidad de esta educación”, rezaba el manifiesto. Familias, docentes y alumnos se dieron cita en las calles de Huelva en una manifestación colmada de banderas sindicales, camisetas en favor de la educación pública, pancartas y el ruido de numerosos silbatos.

“Tenemos la responsabilidad como representantes de padres y madres y docentes de la escuela pública, de defender sus intereses de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra comunidad”.

Pasadas las 12:00 una marea de personas –CCOO cifra en 4.000 la participación, mientras que la Junta, según la Policía Adscrita, rebaja la cifra a un millar de manifestantes al final del recorrido– partió de la Plaza de la Constitución y recorrió poco a poco las calles céntricas de la capital onubense hasta llegar a las inmediaciones de la Delegación de Educación. Un ataúd en referencia a la educación pública abrió una comitiva que sujetaba una gran pancarta con el lema: “Contra el decreto de escolarización. No al cierre de unidades públicas”.

Cabecera de la comitiva con la representación de las organizaciones sindicales y educativas.

Una de las principales quejas de esta normativa es la extensión de las zonas de escolarización de los centros privados concertados, algo que entienden los manifestantes que será un revés para los centros públicos en el futuro.

Una de las voces que se alzaron previamente al recorrido fue la de María Jesús Valle, representante de las familias, quien apuntó que “si no se apoya la educación pública, va a mermar su calidad”, y “únicamente” se debe apoyar con “unos presupuestos dignos y consensuando todos los decretos y leyes que se promulguen dentro del parlamento andaluz”. En esta línea aseguró que en el consenso de las decisiones no entra la opinión de las familias y los docentes ya que “no estábamos de acuerdo, y así se hizo constar pero no se ha tenido en cuenta en ningún momento”.

Para la responsable de Educación de CSIF, Prado Rodríguez, el decreto es “un ataque en toda regla a la educación pública, que va a traer consecuencias muy duras. Lo vamos a ver en breve con la reducción de unidades que vamos a sufrir, lo que conlleva a pérdidas de empleo y calidad”. Una de las soluciones que aporta es la reducción de la ratio para no eliminar unidades, aunque “no se tiene en cuenta”. Por su parte la secretaria general de la federación de servicios públicos de UGT Huelva, Marisa Fernández, señaló que la nueva normativa va a afectar “a la sociedad” debido a que habrá “una gran despoblación de la pública hacia la privada pero también va a haber centros concertados que se van a ver afectados”.

Luis Ramón Zapata, en representación de Ustea recalcó que la manifestación no va en contra “de la libertad de los padres por elegir centro”, sino que, apuntó, los centros concertados nacieron en su día como “ayuda” a la educación pública y ahora “se está incitando, de alguna manera a una privatización. Una unidad que se gana en la concertada es una que se pierde en la pública”.

Donde hubo discrepancias fue a la hora del porcentaje del número de personas que había secundado la huelga educativa. CCOO y CSIF hablaron de un 53% de seguimiento, mientras que desde Ustea señalaron un 70% en los docentes de primaria y un 80% en los de secundaria. Por su parte, la Junta de Andalucía, apuntó que habían secundado la huelga el 10,1% de los docentes de la provincia de Huelva, un total de 716 profesores de los 7.064 que trabajan en el territorio onubense. Los datos de la Administración andaluza salen de Séneca, la plataforma de gestión de educación. “Nuestra valoración es que esta huelga no ha contado con el apoyo que los convocantes esperaban”, concluyó la delegada territorial de Educación en Huelva, Estela Villalba.

Entre las personas que se encontraban en la manifestación estaba Fran Cortés, un profesor de filosofía y apuntó que en los centros concertados “los profesores están pagados por la Junta de Andalucía. Deberían convertirse en funcionarios y pasar por los criterios de selección de personal: unas oposiciones”. Así, el decreto es “un intento de inflar los negocios privados y concertados en detrimento de las plazas y la ampliación de la educación pública”.