Tras la puesta en libertad del presunto autor de la muerte de la reportera de Teleonuba Alicia Rodríguez y cuando aún se desconoce la fecha del juicio del caso, el concejal y portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha anunciado que el llevará al próximo Pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular, como ya lo es la Junta de Andalucía.

Acompañado del padre de la víctima, Santiago González, y el abogado de la familia, Enrique Arroyo Aranda, Gavilán ha demandado un "paso adelante" para "pedir justicia" por Alicia, una "vecina de Huelva y a la que conocía toda la Corporación Municipal".

Alicia Rodríguez murió en la madrugada del 12 de junio de 2021 en Marmolejo (Jaén). El acusado, M. Q. S., dio el aviso para que acudiera una ambulancia porque una mujer había sufrido un accidente. Al llegar, ya había fallecido, se trataba de Alicia y quien realizó la llamada era su pareja, que fue detenido para posteriormente ser trasladado a Huelva, cuyo Juzgado de Violencia sobre la Mujer fue inhibido. Le fue decretada prisión provisional comunicada y sin fianza cuatro días después del suceso.

Justo un año después fue puesto en libertad, una medida que la familia recurrió además de mostrar su indignación porque "resulta muy triste comprobar que quien debe ejercer la acusación pública otorgue trato de favor al presunto asesino de Alicia, a pesar de los contundentes informes elaborados por la Guardia Civil que apuntan a una clara intencionalidad de los hechos, propiciando que el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad, mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva". La familia hacía mención así a la Fiscalía "que es quien ha propiciado esta situación, al adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa".

Rafael Gavilán ha pedido que "el autor material de los hechos pague por su conducta", que "todo el peso caiga sobre el autor material" y que al igual que la Junta se ha personado como acusación popular, "el Ayuntamiento tiene que estar a la misma altura".

El abogado que representa la acusación particular ha explicado que el caso se encuentra en fase de diligencias previas sin que hasta el momento haya una previsión de cuándo tendrá lugar el juicio. Enrique Arroyo Aranda, que ha indicado en todo momento el respeto a la confidencialidad por cuanto hay secreto de sumario, ha expresado su convencimiento de que aquella madrugada "no existió en modo alguno un accidente", sino "un delito doloso".

También ha mostrado su desacuerdo con la puesta en libertad de M. Q. S., por lo que han recurrido en primera instancia. La defensa entiende que "el imputado no cumple los requisitos" para establecer esa medida al considerar que hay "riesgo de sustracción a la labor de la Justicia", como puede ser una fuga. Además de que esta persona "puede enfrentarse a serias penas privativas de libertad".

Rafael Gavilán ha explicado que su iniciativa es producto de "una petición expresa de la familia". Santiago, padre de la víctima, ha mostrado su apoyo y confianza al representante de la defensa. Apenas ha podido articular unas pocas palabras, ha asegurado que aquella madrugada murió Alicia, y con ella también se les ha ido la vida a su padre y a su madre.