El caso de los ERE salpicó la provincia de Huelva y ahora la sentencia judicial vuelve a hacerlo con la condena al onubense Juan Márquez, exdirector general de Trabajo, y también exdelegado provincial de Empleo, que deberá cumplir siete años de prisión y 18 de inhabilitación.

En una primera valoración, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, no dudó de “la inocencia y honradez” de Juan Márquez, y de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lamentó “profundamente” que los hechos hayan ocurrido de tal forma y que “personas inocentes tengan que pasar por estas penas”.

El Partido Socialista, aun señalado por la sentencia, fue el único que salió ayer a valorar públicamente el fallo judicial en Huelva. A través de un comunicado remitido a media tarde, Caraballo se puso al frente para mostrar su respeto a la decisión judicial y para recordar que, pese a los actos condenados, “no ha habido ni enriquecimiento ni financiación irregular”.

El resto de partidos sólo respondió a Huelva Información. El PP ha convocado hoy una rueda de prensa en la que comentará el fallo. Es el único que lo hará por el momento. El presidente provincial de los populares, Manuel Andrés González, ya adelantó que el de ayer fue un “día triste para Andalucía”, en el que se confirma con la sentencia que “la corrupción campó a sus anchas en la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE”. Y un día triste también, dijo, para Huelva porque “hay dos socialistas de la provincia condenados, como Juan Márquez y Jacinto Cañete”.

No pasa por alto el parlamentario y portavoz provincial de Ciudadanos, Julio Díaz, las ramificaciones onubenses del caso de los ERE y de los cursos de formación y la Faffe, ejemplos, a su juicio, de las “prácticas lesivas para la imagen y las arcas de Andalucía” en el “Gobierno ininterrumpido” del Partido Socialista.

Díaz considera la trama “uno de los casos de corrupción mayores de Europa” y recordó a este diario “por qué negociábamos en 2015 que Griñán y Chaves dejaran sus escaños, mientras Susana Díaz pedía el archivo de la causa”.

La tristeza de la que hablaba el presidente del PP fue compartida por la parlamentaria de Podemos María Gracia, en un “día muy triste para los andaluces”, con “una condena que deja claro cómo el PSOE ha gestionado lo público”.

El lamento de Gracia se extiende a las “oportunidades perdidas con esos más de 600 millones de euros en un momento muy difícil, que deberían haber servido para cambiar de modelo productivo y se acabaron yendo por las alcantarillas”. “Lo peor”, apunta, “es la absoluta desconfianza hacia las ayudas que deja entre los andaluces”.

Responsabilidades políticas

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, hizo su valoración con el pesar también por “unos dirigentes que han aprovechado todo el apoyo social y electoral que han tenido durante años en esta tierra para perpetuarse en el poder y no para cambiar la vida de la gente”. Rufo, además, dice que es momento de que “asuman las responsabilidades políticas y de trabajar por que este tipo de noticias no se repitan más”.

Ignacio Caraballo, sin embargo, consideró en su comunicado que “las responsabilidades políticas por este caso fueron asumidas hace años con las dimisiones, renuncias y alejamiento de la vida política de todos”. Ahora, recordó además, queda que el Tribunal Supremo se pronuncie en última instancia, ante una sentencia que “es susceptible de recurrirse”.

Pese a ello, el presidente provincial de Vox y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, cree que el fallo es “necesario” y que “deja en evidencia una larga etapa de corrupción en el PSOE”, además de “respaldar la decisión tomada por los andaluces en las elecciones autonómicas de diciembre”.