La provincia de Huelva cuenta con dos centros que permiten la ejecución de medidas destinadas a menores infractores que no implican el internamiento. Se trata del Centro de Día La Botica, que tiene nueva sede, y el Grupo Educativo de Convivencia El Faro, dos recursos gestionados por la Junta a través de los cuales se pudieron ejecutar más de 200 medidas en medio abierto en 2021.

La Botica es un centro de día, actualmente gestionado por la fundación Diagrama, cuya finalidad es facilitar que los menores infractores que acuden al mismo, en cumplimiento de una sentencia judicial, “superen sus propias dificultades personales, que de alguna forma han incidido en la comisión de la conducta delictiva, mediante la creación de un ambiente estructurado con programas y talleres formativos", ha explicado este martes el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Alfredo Martín, en su visita a la nueva ubicación del centro. Las actividades que desarrollan, ha añadido Martín, "buscan compensar sus carencias educativas, laborales y sociales, así como posibilitar su inserción social”.

Uno de los aspectos que más se trabaja en este recurso es la mejora de su empleabilidad, ya que se les dota de capacidades laborales y se les prepara en técnicas para la búsqueda activas de empleo.

Este centro, que desarrolla su intervención tanto en la capital como en diversos municipios de la provincia, acogió en 2021 a 44 menores, en ejecución de una medida judicial propia, o bien, por derivación de otros recursos del Sistema de Justicia Juvenil de la provincia. La mayoría de estos jóvenes pasaron por este centro por la comisión de delitos contra el patrimonio (robo).

El delegado también ha visitado el Grupo Educativo de Convivencia El Faro, un recurso residencial, gestionado por la Fundación Ginso, con capacidad para ocho menores y asistido por un equipo interdisciplinar de profesionales, donde se ejecuta la medida judicial que implica la convivencia de los jóvenes con los técnicos.

Esta medida de medio abierto “trata de favorecer el aprendizaje por el menor residente de nuevas normas y pautas de coexistencia que le permitan mejorar su convivencia en su familia de origen, y en su entorno social, a través de un plan de intervención individualizado que busca dar cobertura a su necesidades educativas y sociales”, ha indicado Martín.

Este tipo de recurso está muy enfocado hacia los problemas de violencia doméstica. De hecho, la gran mayoría de los menores residentes en el mismo han sido autores de un delito de violencia filo-parental. “Es fundamental sensibilizarlos en la lucha contra la violencia doméstica, dotándoles de herramientas eficaces para corregir las conductas que motivaron su comportamiento delictivo”, ha añadido. El año pasado fueron 13 los menores atendidos en este grupo.