La Junta reparte 15.870 euros a familias con niños discapacitados

La Consejería de Salud repartirá 15.870 euros entre 30 familias que cuentan con algún menor con necesidades de atención temprana. Se trata de las subvenciones que la Junta de Andalucía destina de manera anual a un colectivo que, en Andalucía, puede afectar a unos 30.000 menores de 6 años de edad. En la provincia de Huelva, el conjunto de aquellos que reciben asistencia en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) es de 1.300 pequeños (350 en la capital), aunque las estimaciones que baraja la Plataforma Atención Temprana Andalucía indican que el 30% de los menores con este tipo de necesidades no reciben ningún tipo de atención.

Son pequeños que presentan trastornos en su desarrollo psicocognitivo y que precisan de una estimulación precoz. Son niños afectados por espina bífida, síndrome de Down, autismo, asperger o parálisis cerebral, entre otras deficiencias.

Desde la plataforma andaluza, su portavoz Antonio Guerrero se mostró muy crítico por el nivel de las subvenciones concedidas por Salud e incidió en que las ayudas, que en el caso de Huelva benefician a 30 familias, "están muy por debajo de las necesidades reales".

La convocatoria para que una familia obtenga una subvención por parte de la Junta de Andalucía, contempla varios apartados: el de la adaptación de vehículos, con una cuantía máxima de 750 euros; adquisición y renovación de prótesis y órtesis: en el caso de auditiva un máximo de 1.200 euros, ocular 400 euros y dental 600 euros; y para la adquisición, renovación y reparación de otros productos de apoyo para personas con discapacidad se puede aspirar a una subvención máxima de 6.050 euros. Finalmente, para los gastos de desplazamiento en transporte público o privado se estipula una subvención máxima de 109 euros mensuales.

Aunque el nivel de ayudas dadas a Huelva se acerca, en algunos casos, al límite máximo, para la Plataforma Atención Temprana Andalucía la situación más agraviante es la de las cuantías destinadas a la ayuda para los gastos de desplazamiento que las familias han de efectuar para recibir asistencia en los CAIT. Tres son las concedidas que tendrán una asignación mensual de 22,78 euros, lo que es considerado como un dinero muy escaso.

La plataforma denuncia otros aspectos de la convocatoria para la recepción de subvenciones. En primer lugar, Antonio Guerrero denunció el descenso de la aportación ya que "se ha pasado del millón de euros de 2008 a los 360.000 euros que hay que repartir entre todas las solicitudes aprobadas".

El proceso, según el portavoz de la plataforma, está lejos de reconocer un derecho ya que se realiza por el sistema de concurrencia competitiva. Con ello se dice que se realiza a través de un sistema de comparación de las solicitudes presentadas a fin de elegir las que mayor valoración hayan conseguido, de acuerdo con los criterios prefijados en la convocatoria. De tal manera que el que más puntuación obtiene, más posibilidades y más cuantía de subvención se le concede. Lo que, en principio, puede resultar un procedimiento correcto, no lo es tanto si se tiene en cuenta que lo que se premia son las situaciones más precarias de las familias que, de acuerdo a lo que indicó Guerrero, se esfuerzan por conseguir una subvención a todas luces insuficiente.

Otro de los requisitos denunciados por la plataforma es el reconocimiento de su grado de discapacidad. Según la plataforma, sólo el 30% de estos menores cuentan con dicho reconocimiento legal, de manera que hasta que éste no se realiza, se deja a las familias fuera de poder aspirar a las subvenciones. Hasta el momento, esa valoración legal de la discapacidad, que ha de alcanzar el 33%, es realizada por los propios CAIT a los que deriva el pediatra de Atención Primaria.

El objetivo de la Junta es que cada provincia cuente con una unidad de valoración que estará compuesta por un psicólogo y un pediatra y que para la plataforma, "será un auténtico cuello de botella". Precisamente, el Sindicato Médico ha impugnado la oferta de plazas para estas unidades, por considerar que el proceso abierto por el SAS es "tendencioso y no se ajusta a la normativa vigente".