La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado más de 1,3 millones de euros (1.303.547 euros) a la Diputación Provincial de Huelva y ocho ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias menores en situación de riesgo o desprotección. En concreto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta pasada semana la Orden de la transferencia correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2023 por un total de 869.031 euros, a esta cifra hay que sumar el pago desde el 1 de enero al 30 de abril de 2023 que asciende a 434.516 euros. La previsión es que, con estos fondos, que suman 1.303.547 euros, sean atendidas unas 400 familias y más de 700 menores onubenses.

Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

En total, la Diputación de Huelva ha recibido 532.836 euros, el Ayuntamiento de Huelva 149.069 euros y los ayuntamientos de Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Moguer un total de 88.806 euros.

Pieza clave en la protección

Para la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad, Loles López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a la población infantil y detectar aquellas situaciones de riesgo que comprometen su bienestar”.

Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”. “Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha proseguido.

Estas transferencias se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.