La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, destacó ayer "la normalidad" con la que se ha aplicado la Ley de Muerte Digna y señaló que el Blanca Paloma ha colaborado en el caso de Ramona Estévez, a quien se le ha retirado la sonda nasogástrica.

Montero explicó que su departamento no ha tenido que dar ninguna "orden" a este centro del Grupo Pascual, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que atendiera la petición de los familiares de Ramona Estévez, sino que ha bastado una "aclaración" sobre la aplicación de la Ley de Muerte Digna.

La consejera precisó que la petición de los hijos de esta paciente supone "un rechazo al tratamiento", supuesto "perfectamente contemplado" en la ley andaluza y que "nada más" conocer la situación de Ramona Estévez y ponerse en contacto con el Blanca Paloma se aclaró "cualquier cuestión" susceptible de duda.

"La aplicación de la Ley de Muerte Digna se está haciendo con total normalidad en todos nuestros centros sanitarios, pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene algún obstáculo para poder desarrollarlos, tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y, entre ellos, dirigirse a la propia Administración", indicó.

Montero reveló otros casos en los que profesionales han demandado aclaraciones sobre actuaciones terapéuticas, incluso a través del servicio de información telefónica Salud Responde, aunque recordó que tanto los centros como los profesionales sanitarios tienen "la obligación" de conocer esta ley, "de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como privados". La consejera recordó que los centros hospitalarios "son los responsables" de arbitrar los mecanismos para el cumplimiento de la Ley de Muerte Digna y recomendó que aprueben protocolos de actuación para agilizar este tipo de actuaciones y no demorar las peticiones de los pacientes o de sus familiares.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se refirió a este caso y lo calificó como "el mejor ejemplo" de la necesidad de regular por ley la denominada muerte digna, que tiene por objetivo "paliar el sufrimiento innecesario y el dolor en los últimos días de vida".

Para Pajin, el caso de Huelva "es el mejor ejemplo de la importancia que tiene regular los derechos y la seguridad de los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Pajín aseguró que la legislación aporta "un marco de seguridad", al que el paciente y la familia pueden acudir con "un derecho garantizado por ley".

A este respecto, tras recordar que España ya cuenta con un programa de cuidados paliativos, hizo hincapié en que la diferencia de este marco con una ley es que en este último caso "el ciudadano puede apelar a su derecho, que está en la legislación", sin que haya posibilidad de "discusión".

Asimismo, advirtió que la Ley de Muerte Digna pretende garantizar la voluntad del paciente "siempre desde el respeto a los profesionales, que con esta ley tienen mayor seguridad".

"Es una ley absolutamente necesaria y me llena de enorme satisfacción que el candidato PSOE (Alfredo Pérez Rubalcaba) diga que la primera ley que llevará al Parlamento será la de cuidados paliativos", indicó.

En cuanto a la posibilidad de que la ley pueda ser aprobada definitivamente antes de que expire el actual periodo de sesiones en las Cortes Generales, Pajín comentó que quedan "plazos muy breves".

En todo caso, agregó que el documento que ha propuesto el Gobierno, basado en la ley andaluza y otras autonómicas, goza del consenso de profesionales, pacientes y grupos parlamentarios, por lo que ya se ha hecho el trabajo "más importante".

"Si no hubiera tiempo en esta legislatura, el candidato socialista ha dicho que será su primera ley", reiteró Pajín.