La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación va a destinar a la provincia de Huelva un total de 556.502,07 euros para el “refuerzo” de los servicios sociales comunitarios con 34 nuevos profesionales, con el objetivo de agilizar la tramitación de las solicitudes de la Renta Mínima.

Según explicó la consejera Rocío Ruiz estos nuevos profesionales se unen a los 64 que se están contratando por las entidades locales de Huelva a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis), por lo que la suma total será de 98 profesionales. En toda Andalucía, serán más de 6,9 millones de euros (6.952.731,27 euros) para el “refuerzo” de los servicios sociales comunitarios con 422 nuevos profesionales.

Esto se hará efectivo una vez que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publique en los próximos días la distribución por categorías profesionales y los créditos correspondientes a cada entidad local. En lo que respecta a la provincia de Huelva, la consejera reconoció que, según la orden que se publicará en el BOJA, se van a transferir créditos a las entidades locales por valor de 312.314,10 euros a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (21), y un total de 244.187,97 euros para un trabajador social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (13) que no coinciden con Zonas Desfavorecidas.

El objetivo es afianzar los mecanismos para que los servicios sean la puerta de entrada al sistema público según la consejera

Como resaltó, esta medida se justifica “en las importantes funciones que las entidades locales desarrollan en el acceso a esta prestación”, entre otras, la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral de las unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima. El objetivo no es otro que “fortalecer la plantilla de estos servicios de forma permanente para que en un futuro próximo realmente sean la puerta de entrada del Sistema Público de Servicios Sociales y pueda acabarse con las listas de espera que hay en algunos centros de servicios sociales”.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía quiso avanzar también que entre otras medidas se va a “reforzar la formación y la información” a los profesionales de los servicios sociales comunitarios sobre esta prestación, “aspecto fundamental” para que la ciudadanía acceda a esta prestación, y para lo que se desplazarán “a todos los municipios que sea preciso”.

La consejera criticó que el anterior Gobierno autonómico socialista “dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros, de los 198 millones que estaban presupuestados”, ejecutando por tanto “sólo 56,9 millones”, una situación que a su juicio se deriva de “la manifiesta incapacidad de gestión del Gobierno socialista en esta materia”, ya que “aprobó el Decreto Ley de la Renta Mínima sin haber realizado una labor previa de información, planificación y adecuación de medios técnicos y de personal”. “Frente a esta dejadez e incompetencia del anterior Gobierno, nosotros cumplimos nuestros compromisos, mediante una inversión presupuestaria importante y un refuerzo de personal fundamental para que la Renta Mínima llegue a una población especialmente vulnerable”.