Huelva, entre las zonas de España con más contaminación en el aire

Huelva, al igual que Granada y la Bahía de Algeciras (Cádiz), se encuentran entre los puntos de la geografía española más afectados por los niveles de contaminación del aire, con presencia de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, según el informe La calidad del aire en el Estado español 2013, presentado ayer por Ecologistas en Acción.

El documento revela que un total de 16,76 millones de personas, el 35,6% de la población española, respira aire contaminado o que no cumple los valores límite y los objetivos establecidos por la normativa española y europea.

La organización subraya que respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un "derecho inalienable de todo ser humano" y recuerda que está "sobradamente" demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente.

Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estrictos que los límites legales, la población que respira aire contaminado en España llegaría hasta los 44,85 millones de personas, es decir, el 95,2 por ciento de la población.

En cuanto a las muertes provocadas por este problema, Ecologistas en Acción señala que la contaminación del aire provoca 20.000 muertes prematuras en España al año, lo que representa 12 veces más que los accidentes de tráfico. El problema supone un coste anual de entre el 1,7 y el 4,7 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Aparte de las zonas señaladas, Ecologistas llama también la atención sobre los niveles registrados en Barcelona, La Coruña, Gijón, León, Murcia, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, en las zonas industriales del Valle de Escombreras (Murcia), Puertollano (Castilla-La Mancha) o Torrelavega (Cantabria), y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de Asturias, Galicia y León.

Ecologistas en Acción recuerda que la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España en enero de 2009 que próximamente llegará al Tribunal de Justicia Europeo. En este sentido, critica que las instituciones no proporcionan a los ciudadanos una información "ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema". Igualmente, critica que los planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, "en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de la voluntad política de acometer medidas estructurales".

Otras veces, los cambios políticos suponen retrocesos en medidas que ya se habían puesto en marcha y que se han demostrado eficaces. De hecho, considera que el Plan Aire del Gobierno "no es más que un documento de buenas intenciones, sin rango legal ni mecanismos eficaces, ni financiación, para que las comunidades autónomas y municipios adopten las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminación.

El informe incluye una batería de propuestas para reducir la contaminación del aire que pasan por la reducción del tráfico motorizado en las áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando en las ciudades el transporte público (en especial el eléctrico) y los medios no motorizados como la bicicleta o el tránsito peatonal o desincentivar el uso de las carreteras, limitando la construcción de autovías y autopistas y reducir los límites máximos de velocidad de 120 a 90 kilómetros por hora.