Memoria del Ministerio Público 2020

Huelva triplica las incautaciones de hachís en un año: más de 85 toneladas

  • La Fiscalía Antidroga destaca que significa el 98% del estupefaciente decomisado

  • Solo en 2019 fueron arrestados 410 narcos gracias al refuerzo policial, que no ha encontrado reflejo en los tribunales

Semirrígida cargada de droga y combustible intervenida por la Guardia Civil en Isla Cristina. Semirrígida cargada de droga y combustible intervenida por la Guardia Civil en Isla Cristina.

Semirrígida cargada de droga y combustible intervenida por la Guardia Civil en Isla Cristina. / H. Información (Isla Cristina)

El tráfico de estupefacientes es uno de los principales problemas delincuenciales del territorio onubense. La delegada de la Fiscalía de Antidroga de Huelva, Ana Laso, inicia su Memoria 2020 –a la que ha accedido Huelva Información– destacando que “escribía nuestro ilustre poeta onubense Juan Ramón Jiménez: Mar de la aurora, mar de plata, ¡qué limpio estás entre los pinos!, y es el mar que baña nuestras costas el que nos trae casi todos los problemas relacionados con el tráfico de drogas en la provincia”.

Porque es, sin duda, el hachís que entra por el litoral el protagonista del grueso de las incautaciones de estupefacientes de nuestro territorio: de los 86.656 kilos aprehendidos en 2019, un total de 85.004 fueron de hachís, el 98%.

Esta abultada cifra prácticamente triplica el volumen de esta droga intervenido solo un año antes, cuando fueron 31.000 kilos (ya 2,7 veces más que en 2017). Resalta la sección especialista del Ministerio Público que mucho tienen que ver en ello “la presión policial en el Campo de Gibraltar”, lo que ha significado “el desvío de gran cantidad del tráfico hacia Huelva”.

La consecuencia ha sido el aumento de grupos policiales para combatirlo, con Ocon Sur y EDOA de la Guardia Civil, Greco y Udyco de la Policía Nacional y el DAVA de la Agencia Tributaria actuando al unísono para desmantelar las bandas de narcos. Un refuerzo que “no se ha traducido, al menos en Huelva, en refuerzo ni de fiscales ni de jueces”.

Esta actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado lugar al arresto de 410 personas por narcotráfico y a la aprehensión de un centenar de vehículos y embarcaciones en apenas doce meses. “Detenidos cuya situación personal hay que regularizar, muchos de ellos con autos de prisión. Y vehículos y barcos sobre los que hay que resolver decomisos, embargos, usos provisionales, realizaciones anticipadas o destrucciones, terceros de buena fe llamados al proceso”, se subraya en la Memoria de la Fiscalía.

La situación en los juzgados de Ayamonte “es particularmente agónica”. El partido, que ya padece una “sobrecarga de trabajo histórica”, ha tenido que asumir buena parte de las causas por narcotráfico “debido al litoral ayamontino, el más cercano en costa a Marruecos y en carretera a Portugal, con la desembocadura además del río Guadiana”.

Laso evidencia que solo el Juzgado Mixto 4 ayamontino tenía al cierre de 2019 un volumen de 34 narcos presos provisionales, un trabajo que “sale adelante solo por el sacrificio personal de funcionarios, LAJ, jueces y fiscales”.

El Ministerio Fiscal se detiene en la evolución de las rutas por las que se introduce la droga, ofreciendo una pormenorizada radiografía del modo de operar de estas mafias. La delegada Antidroga cita a un funcionario policial, quien  le dijo que “el problema de la droga en Huelva es que todo el mundo quiere ganar dinero con ella, hasta los que no trafican”. La sentencia no puede ser más gráfica.

El negocio de la droga “ha dado lugar a una industria que necesita abastecerse y diversificar sus ramas”, una compleja estructura en la que se insertan no solo los narcos o las semirrígidas, sino también “mecánicos para preparar las mismas, naves industriales para ocultarlas, pilotos para conducirlas, combustible para abastecerlas, conductores y remolques para llevarlas de una provincia a otras, ladrones para robar coches y prepararlos para el transporte, doblando matrículas, puntos en la costa para vigilar las patrullas, radares en los barcos pesqueros para avisar de lo mismo, grupos de Whatsapp de pago que también advierten de lo anterior, hasta lo que hemos venido en llamar los Airbnb de la droga, habitaciones de casas particulares a 400 euros la noche donde las tripulaciones de las embarcaciones que vienen de Marruecos descansan, se dan una ducha y se ocultan” hasta el momento de retornar a su país.

Existen los ‘Airbnb de la droga’: habitaciones a 400 euros la noche para alojar a la tripulación extranjera

Las conductas punibles en este delito contra la salud pública alcanzan a productores (cultivo, fabricación, elaboración), traficantes (venta, permuta), transportadores, conseguidores y fomentadores (promoción, intermediación, favorecimiento y facilitación).

Esto, recuerda la Fiscalía, convierte en coautores a todos los colaboradores, en teoría. Porque “en la práctica se han multiplicado las actividades de favorecimiento hasta tal punto, sobre todo en el delito de tráfico de hachís, que hay continuamente que estar en lid procesal con los letrados de las defensas que pretenden que las mismas sean inocuas o se enmarquen en la simple complicidad”.

El complejo panorama con el que se topa la Fiscalía es “el de un engranaje donde tienen que encajar todas las piezas para que los alijos lleguen a las costas”.

En primer lugar, “hay que preparar las embarcaciones, normalmente tras alquilar naves industriales donde las mismas son trasladadas por camiones con grúa o similares”. A estos locales se les tapian las ventanas “para evitar miradas indiscretas”. Funcionan como lugar de preparación de las lanchas y como guardería de la droga alijada.

Las embarcaciones suelen adquirirse “en mercados no sujetos a excesivo control” y son puestas a punto por los mecánicos, que ya incluso “instalan depósitos extra de combustible a los efectos de evitar el suministro en altamar”.

Laso evidencia que “en Huelva estamos observando que en las naves, que normalmente permanecían vacías por la noche, están instalando vigilantes para guardias de 24 horas”. Así evitan que otras organizaciones les roben y que los efectivos policiales balicen las narcolanchas para su seguimiento.

Acordado el transporte del hachís desde Marruecos, hay sacar la embarcación de la nave, remolcarla al punto de botadura, comprar “los minutos satelitarios necesarios para las comunicaciones GPS, preparar la tripulación y avituallarla para el viaje”.

Detectan “vigilancias constantes de los grupos criminales en el Muelle del Tinto" para dar aviso de las patrulleras que se hacen a la mar

La droga se recoge directamente en un puerto marroquí o en la mar. “Las embarcaciones cargadas pueden aguardar días en altamar a que las condiciones sean las idóneas para alijar en costas onubenses”. Aquí se hacen imprescindibles las labores de los vigilantes de tierra y de mar “para indicar cuándo no hay presencia policial, derivando las embarcaciones a una provincia (Cádiz o Huelva) o a otra según conveniencia”.

El Ministerio Fiscal ha detectado “vigilancias constantes de los grupos criminales en el Muelle del Tinto de Huelva, donde atracan las embarcaciones de Vigilancia Aduanera y muchas veces las de la Guardia Civil, a los efectos de dar aviso sobre cuándo se hacen estas a la mar”.

Los narcos también disponen de una asistencia marina “a la carta, como los denostados Telecoca”. Si no se hace con personal propio, se puede contratar a un grupo ajeno que lleve avituallamiento, combustible y abrigo a la tripulación.

En tierra “es esencial la preparación de la colla de descarga, y de los vehículos necesarios para el traslado”. En el año analizado, 2019, se produjo un repunte de robos de todoterrenos en Huelva. “Las reinas siguen siendo las furgonetas tipo Ford Transit y similares, discretas y con gran capacidad de carga, aunque  también están ganando terreno este año los Toyota RAV4”, destaca la Fiscalía.

Una vez realizado el alijo en la playa o el puerto deportivo, el traslado a la guardería tiene que ser rápido. Las naves industriales “son unos de los recintos preferidos, aunque los chalés y demás viviendas cercanas a la playa también suelen ser habituales”. En este punto, la fiscal hace referencia al “susto” que se llevaron los propietarios de un chalé de Mazagón, residentes en Madrid, “cuando recibieron la llamada de la Policía informando de que habían incautado varias toneladas de hachís”. El guardés-jardinero lo había usado para “fines delictivos”.   

La represión en el uso de semirrígidas ha conllevado un incremento del uso de barcos pesqueros y pequeñas embarcaciones recreativas para trasladar la droga a la costa. Son más discretas y disponen de amarre. Esto ha generado problemas en los decomisos, puesto que “la realidad sobre la propiedad de las embarcaciones es que el barco pertenezca a una pluralidad de hermanos” o a una sociedad a nombre de la esposa.

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