Las sedes judiciales de Huelva y Ayamonte iniciaron ayer su blindaje contra el coronavirus. La primera medida, la más evidente, fue impedir el acceso a las dependencias a todo aquel que no dispusiera de una citación judicial o fuera a presentar una denuncia, un escrito o comparecencias apud acta.

En la capital, la Guardia Civil exigía el DNI y el documento que justificara su presencia en el Palacio de Justicia. El resto tuvo prohibido el acceso. Esto provocó que acompañantes y familiares de las personas convocadas para alguna diligencia urgente se agolparan en la puerta del edificio de la Alameda Sundheim, situación que se repitió en la antigua sede de Educación o ante el Palacio de Justicia ayamontino.

En el partido judicial costero, su juez decano y titular del Primera Instancia e Instrucción 4, Francisco Javier Parra, rubricó un acuerdo al que se adhirieron el resto de jueces –y al que ha tenido acceso Huelva Información– en el que se detalla el aplazamiento de las diligencias no urgentes que se realicen en instalaciones de riesgo (hospitales, psiquiátricos, centros de menores o de mayores), la conexión por videoconferencia con la prisión para realizar actuaciones con investigados en situación de prisión provisional, o la consideración de actividades de riesgo de las salidas de comisiones judiciales y actos de comunicación, entre otros.

Respecto del Registro Civil, se precisa que continuará abierto al público, "limitándose a cuatro el número de ciudadanos que podrá encontrarse, simultáneamente, en la zona de espera; el resto deberá abandonar la sede".

Solo se permite el acceso a los juzgados a las personas con citación o para diligencias urgentes

Al estimarse el riesgo de la atención directa al público por parte de las plantillas, "deberán establecerse medidas de separación consistentes en mamparas o la interposición de una mesa adiciones en aquellas oficinas donde resulte factible". Si no se dan estas condiciones, el usuario tendrá que esperar a ser llamado por el personal. "En ningún caso podrán acumularse en el interior de dichos espacios más de una persona ajena al personal", respetándose una distancia "de al menos un metro respecto de la mesa de trabajo del funcionario".

En la celebración de juicios, remarca el decano de Ayamonte que solo podrá entrar a la sala de vistas "aquel número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro como mínimo". Los jueces deberán realizar los señalamiento "con tiempo suficiente entre ellos para que, en la medida de lo posible, se eviten aglomeraciones de personas en un mismo espacio".

Siguiendo la misma línea, la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva, Estela San José, acordó que en el zaguán de la sala de vistas "solo podrán permanecer las partes, testigos, peritos y letrados que hayan de asistir a dos vistas. El resto habrá de esperar bien en el exterior del edificio o bien en el vestíbulo de entrada".

Este fue el panorama a lo largo de una mañana, la de ayer, en la que la Junta de Andalucía comenzó a instalar los dispensadores de desinfectante en dependencias judiciales, al mismo tiempo que el presidente de la Audiencia, Antonio Pontón, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, y la secretaria coordinadora, Aurora Marín, tenían un encuentro para aunar criterios.

En paralelo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, mantenía una reunión extraordinaria con la Consejería de Justicia, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el secretario de Gobierno en funciones, para coordinarse. El lunes se reunirá la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJA para abordar el asunto.

En la Fiscalía de Huelva, además de las medidas avanzadas ayer por este diario, se ha ordenado suspender "toda visita a centros de cualquier naturaleza que suponga desplazamientos", se pide que se eviten viajes a zonas de riesgo e informar "de la no asistencia al despacho, extremando el cuidado a la hora de custodiar los expedientes que nos llevemos".