Ha pasado casi un año desde que la sección Huelva Acoge de la Federación homónima presentó un demoledor informe sobre la situación de los asentamientos de la provincia de Huelva en el que centenares de personas migrantes malviven en condiciones insalubres y a merced de la trata. 

El mismo informe ha viajado estos días hasta Bruselas, de la mano de una delegación regional, para ser puesto a disposición del Parlamento Europeo. El objetivo, según han anunciado desde la propia Huelva Acoge es favorecer el cumplimiento de la normativa comunitaria de protección de las personas migrantes, actualmente objeto de incumplimiento sistemático, tal y como han denunciado numerosas organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos. 

La delegación, compuesta por Emma González, Keltouma Agramout, José Miguel Morales y Ángel Madero, se ha reunido con eurodiputados de todo el espectro político, desde la Izquierda hasta el Partido Popular Europeo, así como con representantes de la Comisión Europea a los que han hecho llegar la situación que padecen centenares de hombres y mujeres migrantes en los asentamientos agrícolas onubenses. 

En concreto, los participantes han abordado las condiciones en las que se encuentran la mayoría de infraviviendas así como la falta de acceso a suministros básicos entre ellos la luz y el agua. Tampoco han querido dejar de lado las situaciones de explotación laboral y las irregularidades administrativas que a menudo sufren las personas que migran de forma temporal o permanente para buscar un futuro mejor. 

La importancia de visibilizar en Europa

El objetivo principal de trasladar el informe hasta la Eurocámara, era insistir en la situación de vulnerabilidad extrema que atraviesan centenares de personas día a día en los asentamientos onubenses. "Lo importante era visibilizar una realidad que a menudo es invisible para la sociedad en general", explica Emma González, miembro de la expedición y coordinadora de Huelva Acoge. "Tuvimos una agenda muy productiva donde se nos dio la posibilidad de hablar con todos los partidos políticos. Es cierto que el Parlamento tiene poca capacidad en competencias que son directamente estatales o autonómicas pero nos ofrecieron pistas muy interesantes para poder trabajar". 

Entre dichas cuestiones se encuentra la reivindicación histórica de las asociaciones con respecto al aumento de las inspecciones de trabajo. "Nos ofrecieron muchas pistas para poder trabajar en estas cuestiones en las que pedimos no solo que haya más sino que los profesionales de la inspección tengan formación en temas que nos preocupan especialmente como la trata de personas", asegura Enma. 

En cuanto a la realidad en los próximos meses, la coordinadora se muestra bajo cierto optimismo. "Nuevas normativas europeas como la Directiva de diligencia debida van a permitir que se proteja más al trabajador a la vez que se potencia la sostenibilidad medioambiental. Es un paso adelante", reconoce. "El hecho de que se hayan sentado las tres administraciones para la erradicación es un hito. Llevo 16 años trabajando en asentamientos y hubo un momento en que todos los años eran iguales y no había ningún avance. Ahora estamos en la línea". 

Impulso a la alternativa habitacional

Una de estas iniciativas es el proyecto de ordenación y urbanización de unos terrenos con destino al alojamiento de trabajadores temporeros del Ayuntamiento de Lepe. El nuevo complejo de alojamiento tendrá capacidad para unas 500 personas y será gestionado, a largo plazo, por las propias organizaciones tras la inversión inicial del consistorio de entre 600.000 y 1.000.000 de euros.

Los agentes implicados ya se han posicionado sobre la idoneidad de este proyecto pero estiman que aún faltarán muchos medios para dar solución a un tema complejo. "Lo celebramos pero no es suficiente. Podemos hablar de unas 3.500 personas solo en campaña y no hay solución para ellos", asegura González. 

A esto se le añade la cuestión de la gran diversidad de perfiles sobre los más de cien mil puestos de trabajo que se ofrecen en la provincia. "Estamos y debemos diferenciar la figura de los temporeros al uso que no tienen donde alojarse y acaba en el asentamiento y luego las personas sinhogar que viven aquí todo el año". Además, "hay que trabajar con itinerarios personalizados, no podemos trabajar igual con una mujer con víctima de la trata que con una persona con enfermedad mental, por ejemplo". 

El recorrido y el alcance del Informe Ejecutivo sobre los Asentamientos en Huelva en Europa se conocerá en los próximos meses. Por ahora ha cumplido su principal misión, exponer la realidad de extrema exclusión que soportan más de un 80% de las personas migrantes en Huelva y que es resultado de un cúmulo de factores y de violencias múltiples.