Hacienda detecta 1,2 millones de euros en las cuentas de Orta y Pino sin justificar

Más de un millón de euros, en concreto 1.243.000, sin justificar ha detectado Hacienda en las cuentas del exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta, y el exconcejal de Urbanismo, Casto Pino. Así lo puso de manifiesto el abogado del Estado, que actuó como acusación particular, durante el juicio que se inició ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra ambos y A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de la empresa Taller de Finanzas, al que la Administración del Estado le atribuye 635.000 sin justificar. El primero está acusado de un delito contra la Hacienda Pública y de otro continuado de falsedad en documento mercantil; el segundo de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales; y el tercero de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública. Los letrados de los acusados solicitaron la nulidad de la causa por escuchas telefónicas ilegales y prescripción de los delitos.

El abogado del exalcalde aseguró durante su intervención que se han vulnerado derechos fundamentales" de su cliente y cree que, con su detención, al ser alcalde, "se buscaba un momento mediático", ya que Orta iba a colaborar con la justicia.

Manuel Macías solicitó la nulidad de la causa, en su exposición de las cuestiones previas, al considerar que en la primera fase de la instrucción no hubo control judicial y el arranque fue ilícito. También demandó que el tribunal decrete la prescripción de ambos delitos de los que se acusa a Orta.

El letrado del exconcejal de Urbanismo, Francisco Baena Bocanegra, reclamó en su exposición la nulidad de los dos primeros autos, en marzo de 2008, de las intervenciones telefónicas y de todas las pruebas realizadas, y calificó de "demoníaca" la investigación, la cual "no tenía ni pies ni cabeza ni justificación procesal ni material". Baena señaló además que la investigación se llevó a cabo "sin que un juez tuviera el más mínimo conocimiento de la misma durante tres meses".

Según expuso, para iniciarse el procedimiento de la denuncia fue suficiente con decir que "se habían recibido informaciones", pero no se aportó "ni un solo dato objetivo referido a la corrupción urbanística" para intervenir las comunicaciones y realizar rastreos durante tres meses.

Para la defensa de Casto Pino no ha habido indicios de delito sino simples sospechas, ni datos fehacientes de que se haya enriquecido con la corrupción urbanística, ni que exista delito fiscal. Baena Bocanegra solicitó la suspensión del juicio, ya que considera también que el secreto de sumario decretado durante las investigaciones tampoco se ajusta a derecho.

Mientras, el abogado de A.G.V. insistió en la prescripción del delito de falsedad documental, ya que "las presuntas facturas falsas son de 2004, 2005 y 2006 y su prescripción es de tres años, por lo que ya habría prescrito, al citarse en la causa por primera vez en septiembre de 2009", y recordado que su cliente está en la causa por la declaración del IRPF de 2004.

El Ministerio Fiscal no obstante se opuso a estas peticiones y calificó de "tremendista" la posición de los letrados y abogó por descartar "el efecto dominó" en caso de nulidad porque el auto inicial "únicamente afectaba a dos teléfonos".

Además, precisó que "existen incrementos patrimoniales que no estaban justificados" y señaló que Casto Pino adquirió una finca en Alosno por más de medio millón de euros, que pagó en efectivo con billetes de 500 euros.

Sobre la petición de la prescripción, el Fiscal señaló que los acusados "estaban imputados desde 2008 y que esta imputación se ha mantenido en el tiempo" y no puede tomarse como referencia el auto de procedimiento abreviado. Añadió que no ha habido indefensión de los acusados ni finalidad perversa en las actuaciones.

El abogado del Estado expuso que hay una interrelación entre los tres acusados y el Ayuntamiento de Aljaraque, de donde salió el dinero para blanquearlo, por lo que existe un delito contra la Hacienda Pública, y que hay un informe que identifica a las personas y delimita los delitos tras las consultas realizadas a distintos registros relacionados con cuestiones patrimoniales.