El Gobierno toma como referencia el modelo onubense de gestión de requisitorias

El partido judicial de Huelva cuenta desde marzo de 2011 con un novedoso depósito virtual, pionero en España, que almacena las órdenes de busca que emite el titular de un órgano judicial sobre una persona que debe dirimir asuntos con la Justicia y, por ende, ser detenida. La llamada Unidad R fue diseñada por el servicio de informática del Palacio de Justicia a instancias de la secretaria coordinadora de Huelva, Rosa Berenguel, ideóloga e impulsora de una de las herramientas más útiles con que cuentan los juzgados a día de hoy: en una carpeta virtual se alojan los actos de comunicación mediante los que se requiere la comparecencia de los procesados que no pueden ser hallados. Así se evitan casos como el de Mari Luz, con un Santiago del Valle -su asesino- que se presentaba a firmar en un juzgado de Sevilla mientras otro lo buscaba desde hacía meses para enviarlo a prisión.

Antes de la Unidad R había vida, sí, pero las situaciones que se producían quedaban fuera de toda lógica: el juez de guardia, al no tener a su disposición la documentación pertinente del juzgado emisor, prorrogaba la detención hasta el lunes o se veía obligado a dejar en libertad al detenido hasta ese día para que compareciese en el órgano que lo requería. Esta segunda opción era claramente arriesgada, teniendo en cuenta, tal y como apuntó Berenguel, "que en ese tiempo podría fugarse o cometer nuevos delitos; por eso es tan importante el repositorio, porque se están salvaguardando derechos fundamentales tan trascendentes como la libertad". La Unidad R permite, pues, a los juzgados de la jurisdicción penal de guardia tener acceso a la documentación emitida por el resto de oficinas judiciales que no lo están, "resolviendo sobre la situación de los requisitoriados en horario de guardia y fuera de las horas de audiencia, domingos y festivos".

Ya en su memoria de 2011, la coordinadora de los secretarios judiciales solicitó al Ministerio de Justicia la inclusión de la Unidad R en su plan de acción. La llegada de la respuesta a su solicitud se ha demorado. Dos años, concretamente, pero como la propia Berenguel manifiesta, "más vale tarde que nunca".

El Plan de Acción del Ministerio de Justicia para el lapso temporal 2012-2014 incluye por primera vez la incorporación de las requisitorias al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). En concreto, en el apartado 9 del programa 1, el proyecto del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón indica que se pretende sumar el gestor documental al registro de medidas cautelares para dar cumplimiento al artículo 516 del la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El plan concreta que, una vez que exista una resolución judicial que ordene la busca de una persona, "el juez designará los particulares de la causa que fueren precisos para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado". Esta tarea corresponderá al secretario judicial, que será el encargado de remitir los datos al juzgado de guardia pertinente o de introducirlos en "el sistema informático que al efecto exista, donde quedarán registrados".

La secretaria coordinadora de Huelva, Rosa María Berenguel, aplaude la medida. Según indicó a este rotativo, tiene conocimiento de que "tratarán de adaptar el sistema a nuestra provincia, tal y como yo proponía en mi memoria", de modo que a la hora de ponerlo en marcha los funcionarios de las oficinas judiciales "no tengan que desaprender lo aprendido".