El Gobierno planea dos espigones en Isla Canela para frenar su erosión

La zonas del litoral están permanentemente expuestas a la acción de los fenómenos climáticos y a otras eventualidades, en muchos casos naturales, pero en otras muchas también provocadas por la acción del ser humano. Es el caso de la playa de Isla Canela, que durante los años 80 sufrió bruscos retrocesos en su superficie como consecuencia de los cambios provocados por la rectificación artificial de la desembocadura del río Guadiana entre 1974 y 1976. La construcción de un nuevo encauzamiento derivó en el traslado de la zona de depósito de aportes hacia el oeste, con lo que el antiguo delta sumergido del río comenzó a erosionarse a un ritmo de entre 300.000 y 400.000 m(3) al año, mientras que en la salida del río se está formando un nuevo delta a una velocidad de 145.000 m(3) al año.

La playa de Isla Canela llegó a perder así, entre 1981 y 1988 hasta 120 metros de anchura, y aunque en la actualidad el ritmo de erosión ya no es tan rápido, esta prosigue en ciertos puntos mientras que en otros se acumulan los aportes.

Para tratar de frenar el cambio constante que sufre este importante entorno costero, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha desarrollado el Proyecto de Estabilización de la Playa de Isla Canela, cuyo informe completo puede ser consultado en la página web del Magrama.

El documento ambiental en el que se explica el proyecto contiene no sólo la descripción de la situación actual de la playa de Isla Canela y cómo ha llegado hasta hoy, sino también una descripción de las alternativas que el Gobierno ha barajado a la hora de establecer la solución más idónea para rectificar lo que en su día provocó la manipulación de la desembocadura del Guadiana. Las opciones estudiadas contemplan desde no hacer absolutamente nada -algo inviable dado que, en ese caso, según el estudio, todo el frente de playa de la isla, entre San Bruno y el límite con la playa de Punta del Moral, desaparecería-, hasta la demolición parcial, unos 400 metros, del encauzamiento derecho del río Guadiana.

Esta opción supondría la restitución parcial o total de la desembocadura del Guadiana a su estado anterior a 1972 y el restablecimiento de las condiciones naturales del sistema sedimentario. Sin embargo, esto no conllevaría la recuperación inmediata o a corto plazo de la playa debido a que tras 40 años de evolución forzada, el sistema se encuentra muy alejado de su situación original. Ni siquiera el derribo completo del encauzamiento lograría solucionar el problema y además, perjudicaría a las condiciones de navegabilidad del río, por lo que tampoco es una alternativa válida para el Gobierno.

También contempló el Ejecutivo la posibilidad de realizar una aportación permanente de arena en las zonas donde se prevé que se produzca la principal erosión a largo plazo. Sin embargo, serían necesarios más de 100.000 m3 de arena y aún así, no permitirían el mantenimiento a largo plazo del delta, sino sólo de la parte central de la playa, que debido al incremento del nivel de energía del oleaje haría crecer también el volumen de arena requerido para su mantenimiento.

El establecimiento de una escollera longitudinal de defensa de unos 1,5 kilómetros es la cuarta de las opciones estudiadas, con el fin de proteger las infraestructuras y edificaciones de la costa. Los peros de esta alternativa radican en la mayor erosión que se produciría y en la necesidad de cimentar la escollera a una notable profundidad para evitar la inestabilidad de la construcción.

Finalmente, la opción elegida por el Gobierno para paliar el daño que está sufriendo la playa es la construcción de dos espigones perpendiculares a la costa, que podrán ser complementados, en su momento, con la ejecución de una serie de diques exentos cuya necesidad, tal y como especifica el documento, se valorará en función de la evolución de la playa cuando se hayan construido los espigones.

La función de los espigones es impedir el desplazamiento lateral de los sedimentos depositados en el tramo central de la isla. Los diques exentos que habrían de añadirse más adelante servirían para proteger la costa y generar una acumulación de arena.

Sin embargo, tampoco esta solución es perfecta: el equipo de técnicos que ha elaborado el proyecto advierte que la erosión seguirá produciéndose aunque con menor intensidad, y que los diques exentos, en caso de construirse, necesitarán un mantenimiento periódico para paliar la pérdida de apoyo ocasionado por la propia erosión del fondo.

Otro factor analizado es el coste de cada una de las opciones contempladas. En el caso de la aportación permanente de arena, no sería necesaria una inversión inicial pero los trabajos requerirían un compromiso presupuestario permanente que podría verse alterado dependiendo de las circunstancias económicas del momento. En cualquier caso, esta medida supondría una inyección de 350.000 euros anuales, el mayor coste de mantenimiento de todas las variables analizadas.

La demolición del dique de encauzamiento del río Guadiana requeriría supondría un coste de alrededor de 1,5 millones de euros, al igual que la construcción de una defensa longitudinal de la escollera, que por contra requeriría el menor coste de mantenimiento, con sólo 45.000 euros anuales.

La opción elegida es la más cara de todas, con una inversión de 2,5 millones de euros y un mantenimiento anual de 75.000 euros al año.

También es la que tiene un mayor impacto en la costa, dado que modifica definitivamente su forma y su funcionamiento sedimentario, aunque, como advierten en el informe, es la única garantía para disponer de la playa y proteger las propiedades e infraestructuras situadas en el litoral. El impacto ambiental, sin embargo, es muy reducido según los técnicos, y entre otras medidas, se contempla la aportación de arena terrestre procedente de la Playa de Punta del Moral, con el fin de minimizar el impacto.

En cuanto a las fases en las que se implantaría la solución adoptada por el Gobierno, el documento señala que, dado que la playa aún conserva una anchura "extraordinaria" en algunos puntos y que la intensa evolución de la batimetría impide la aplicación de los modelos de diseño habitualmente utilizados en ingeniería de costas, la recomendación es la de establecer fases diferenciadas para poder adaptar la segunda parte de la obra -la que abordaría la colocación de los diques exentos-, a la evolución que tenga la playa. Por tanto, en una primera fase se construirían los dos espigones laterales.

El documento explica la incidencia que las obras de construcción de los espigones podría tener sobre la dinámica litoral y la costa, la flora, la calidad de las aguas, la calidad atmosférica, acústica, sobre el paisaje (la única no reversible), los Parques Naturales de la Red Natura 2000, el turismo (positiva) y los recursos pesqueros moderada, por tratarse de una zona de marisqueo.

En cualquier caso, el proyecto establece un Plan de Vigilancia Ambiental y medidas preventivas y correctoras para cada una de las incidencias señaladas.