Avanzan los trámites judiciales en el caso de la demolición ilegal de la Casa Duclós. El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha dictado auto de apertura del juicio oral en el proceso del Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de la capital onubense contra la expropietaria del inmueble, que estaba ubicado en el Parque Moret, por un delito de daños en bien de dominio o uso público o comunal.

El derribo de la vivienda, expropiada por el Ayuntamiento hace catorce años, que iba a albergar el Centro de Interpretación Arqueológica del Parque Moret, llevó al equipo de gobierno municipal a iniciar acciones legales ante lo que considera “un grave atentado contra el patrimonio de todos los onubenses”. El auto del Juzgado de Instrucción número 1 declara órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa al Juzgado de lo Penal.

Se han presentado los escritos de acusación tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Huelva. Ahora hay que esperar la formulación del escrito de la defensa, que se deberá remitir al Juzgado de lo Penal correspondiente, que señalará la fecha del juicio.

Por parte del Ministerio Fiscal se solicita una pena de dos años de prisión y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La acusación particular, que ejerce el Consistorio, pide una pena de tres años de prisión y una multa de 24 meses. En ambos casos se contempla la accesoria especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal establece que pague una indemnización de 433.124,09 euros al Ayuntamiento, de los cuales 418.648,47 euros por el valor de reposición del inmueble derribado y 14.475,62 euros por los gastos derivados de la retirada de escombros, desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto de edificio auxiliar y demolición de cerramiento y solería de edificio auxiliar, cantidades incrementadas con los intereses legales oportunos.

El Ayuntamiento, por su parte, pide una indemnización de 640.271, 29 euros, de los cuales, 207.147,20 euros por el valor del bien derruido como pérdida patrimonial para el Ayuntamiento, 418.648,47 euros por los gastos inherentes al Consistorio por reposición de la edificación derruida y la cantidad de 14.475,62 euros por los gastos inherentes al Ayuntamiento por trabajos pendientes y derivados de las acciones ilegales de los responsables de la demolición ilegal con los intereses correspondientes.

La Casa Duclós estaba edificada en una parcela de 8.693,18 metros cuadrados, calificada de dotacional en el Plan Parcial número 2 y que es considerada de propiedad municipal desde la firma del acta de ocupación y pago realizada el 17 de febrero de 2005 como resultado de una expropiación urbanística, que tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación fue inscrita como propiedad municipal.

En 2004 el Ayuntamiento aprobó el expediente de expropiación forzosa del inmueble. La propietaria promovió varios pleitos contra el Consistorio que no modificaron la situación expropiatoria. Desde la Administración local se indica que en 2005 se levantó acta de ocupación de la casa, que se negó a firmar la expropiada, el Ayuntamiento consignó el pago de 770.461 euros.

Después se firmó el acta de desalojo y lanzamiento, en el que la acusada se comprometía a dejar el inmueble libre de ocupantes, enseres y muebles en dos meses, pero esto no se llevó a cabo, por lo que fue nuevamente requerida para desalojo en 2010. Por sentencia judicial se autorizó en 2013 la entrada en el inmueble para desocuparlo, pero tampoco se llevó a efecto.

Ya con el equipo de gobierno del Partido Socialista, el Ayuntamiento solicitó una nueva autorización judicial de entrada, concediendo a la expropietaria un nuevo plazo. Expiró éste y en mayo de 2017 la ocupante firmó un compromiso de desalojo voluntario en dos meses. Dos días antes de que se cumplieran los dos meses, ésta, a través de su sobrino, contactó con una empresa de derribos, aceptando su presupuesto, de tal manera que el mismo día que vencía el plazo, el 8 de julio de 2017, fue demolida la vivienda y dos días después hizo entrega de las llaves de la casa, ya derruida, en la Concejalía de Urbanismo.