La compensación económica de las empresas a los alumnos de Formación Profesional Dual era una asignatura pendiente de la modalidad en Andalucía, una de las cinco comunidades autónomas que quedaban en todo el país por establecer la obligatoriedad de las becas para estos estudiantes. El próximo curso se rompe esa barrera tras la orden dispuesta por la Consejería de Educación y Deporte publicada en el BOJA del pasado 28 de enero en la que se convocan los proyectos de FP Dual para el próximo curso académico.

En Huelva, son 749 los alumnos de FP Dual este curso, una modalidad caracterizada por la combinación de formación teórica, que se imparte en los centros, y la práctica, con más horas que los ciclos formativos no duales y en la que participan las empresas. Las cifras de este año se traducen en 22 centros que ofrecen 39 ciclos formativos de la mano de 530 empresas.

Las becas para el alumnado constituyen la novedad principal de esta convocatoria. En concreto, se establece que todos “los puestos formativos en los proyectos nuevos deberán estar becados por las empresas y, al menos, el 20% del total de los puestos formativos en el caso de proyectos de renovación, excepto para las empresas u organismos de carácter público o sin ánimo de lucro”.

Se da por tanto el primer pistoletazo de salida a la preparación del nuevo curso para la Formación Profesional Dual, un modelo implantado en la comunidad andaluza en 2013 apegado al terreno, a lo que demanda el mercado laboral del entorno en el que se asienta. Al menos así debe ser para, además, actuar como solución al desempleo juvenil.

Los nuevos proyectos que se presenten para su valoración en la comisión provincial tienen de plazo para hacerlo hasta el lunes 15 de febrero. En el caso de los que se renuevan o corresponden a enseñanzas autorizadas ya el curso anterior, el plazo se extiende hasta el 30 de abril. Son los centros docentes los encargados de “promover y generar” cada iniciativa dual “con aquellas empresas con las que se acuerde su organización y desarrollo y cuya localización se encuentre preferentemente en su entorno”, como establece la orden de la Consejería.

Entre otros requisitos establecidos, la orden fija que cada proyecto se vincule con un solo ciclo formativo y deberá ofertar un mínimo de 15 plazas en el primer curso de su implantación y veinte en los sucesivos. Una vez presentado, la comisión de valoración provincial someterá cada propuesta a una evaluación teniendo como referencia diferentes criterios. Posteriormente habrá una resolución provisional a la que seguirá un periodo de alegaciones hasta terminar con la resolución definitiva.