Huelva

Educación niega que el acuerdo con Vox sea para implantar el pin parental

  • La Delegación indica que el objetivo es una transparencia que para directores de Primaria ya existe

El consejero de Educación, Javier Imbroda, el pasado miércoles en el Parlamento andaluz. El consejero de Educación, Javier Imbroda, el pasado miércoles en el Parlamento andaluz.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, el pasado miércoles en el Parlamento andaluz. / Efe

Política y educación vuelven a mezclarse, en esta ocasión en torno al pin parental y la polémica que suele llevar aparejada. El motivo es el acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre la Junta y Vox por el que, según recogía Europa Press, se plantea “el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.

Fuentes de la Delegación de Educación en Huelva señalan que “en ningún caso se trata de un acuerdo para la implantación del llamado pin parental en el sistema educativo andaluz”. El objetivo, añaden, “es trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto del centro educativo a las familias. Es decir, implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo”. En este sentido, insisten las mismas fuentes, “ se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”.

El denominado pin parental es una reivindicación de Vox en el ámbito nacional para que los padres tengan el poder de autorizar la asistencia de sus hijos a determinadas actividades de carácter afectivo-sexual o de igualdad. Es una medida que la formación pone sobre la mesa en las negociaciones con gobiernos a los que da su apoyo y que ha logrado implantar en la Región de Murcia.

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), se ha dirigido al consejero de Educación, Javier Imbroda, que firma el citado acuerdo junto al portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández, para trasladarle que no ven “necesario un cambio normativo en este sentido, que dificulte la vida en los colegios e institutos y que pueda suponer una mayor carga burocrática en los centros educativos”.

Para Enrique Jabares, presidente regional de la asociación y director del CEIP El Puntal de Aljaraque, se trata de “un debate estéril que la sociedad no pide y que además confía en el trabajo que se hace en los centros”. Jabares asegura que “ninguna familia tiene que tener miedo porque hay órganos colegiados que velan por que se cumple la normativa”. En su escrito la asociación cita precisamente al Consejo Escolar, “órgano máximo de participación y representación de la comunidad educativa” y alude también a documentos como el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión, “públicos y que deben ser recogidos en las páginas web de los centros y nos consta que se difunden y se dan a conocer entre las familias y comunidades educativas”.

Asadipre ya se dirigió anteriormente al titular de Educación en relación a este asunto el pasado año ante determinados puntos recogidos en el acuerdo presupuestario de PP, Ciudadanos y Vox, para mostrar su “preocupación por la posible imposición” del pin parental “y los problemas que ello generaría”.

El sindicato Ustea, en una nota publicada ayer en su página web, exige al consejero de Educación que “retire su firma del lamentable acuerdo que se ha hecho público, manifestando su compromiso claro y rotundo de no implantar una medida tan lesiva para la educación pública” y señala que “la ley protege el interés superior de los y las menores, es decir, prevalece el derecho a a acceder al currículo completo”. El sindicato considera que “desde la propia Consejería de Educación, se está sometiendo al profesorado a una situación de vulnerabilidad y extendiendo sobre el conjunto de los y las profesionales docentes la oscura sospecha y presunción de adoctrinadores en supuestas ideologías de género.

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