Editorial: Una reforma desde el consenso

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06 de octubre 2012 - 01:00

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Costas con el objetivo de superar la "inseguridad jurídica" creada con la aplicación de la actual normativa tras 24 años de vigencia. El texto cuenta con detalles como la ampliación a 75 años de las concesiones para las viviendas situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre y la prórroga de uno a cuatro años de los permisos de instalación de los chiringuitos, dejando abierta la puerta a la ampliación de estas instalaciones. El resultado resumido del primero de esos aspectos es el indulto que recibirán unas 10.000 viviendas en el litoral español, unas 800 de las cuales se encuentran en Huelva, lo que permitirá a sus propietarios no sólo reformarlas con la confianza de que no serán demolidas a medio plazo (las primeras concesiones concluían en 2018) sino también venderlas. Es más, el proyecto da luz verde a deslindes especiales en zonas urbanas de playas, citando el caso expreso de la ría de Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo, situado también en esa localidad, lo que permitirá legalizar un buen número de edificios que con el paso del tiempo se han integrado en la malla urbana de los núcleos poblacionales. En este proceso de reducción del dominio público destaca igualmente la exclusión del mismo de las dunas muertas o artificiales, lo que abre una incógnita sobre la protección de buena parte de la costa onubense y, particularmente, del entorno de Doñana, que hasta ahora se han venido librando de proyectos urbanísticos megalómanos gracias a la Ley estatal ahora en proceso de cambio. Ante estas perspectivas y otros aspectos por analizar aún de la propuesta del Ejecutivo, hay que reclamar al Grupo Popular en el Congreso que abra un profundo proceso de diálogo con el resto de formaciones políticas, instituciones y agentes sociales (desde los empresarios a los ecologistas) para conformar un texto lo más consensuado posible. Pocas normas como la Ley de Costas marcan el futuro y gran parte del modelo de desarrolllo de una provincia como Huelva.

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