Huelva

El Defensor del Pueblo investiga adjudicación de puestos para discapacitados intelectuales

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. / H.I. (Huelva)

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, sobre la adjudicación de destinos y la adaptación de los puestos para personas con discapacidad intelectual.

Según el texto de la apertura del procedimiento, consultado por EFE, la apertura de la misma se lleva a cabo después de que en esta institución se haya recibido una queja referida a la adjudicación de destinos y la adaptación de los puestos para personas con discapacidad intelectual, en los procesos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, concretamente referida al Cuerpo de Auxiliares Administrativos.

La persona promotora de dicha queja ponía de manifiesto que en el momento de la selección de las plazas ofertadas, la Administración no ha tenido en consideración las necesidades de adaptación de aquellas al colectivo para el que iban dirigidas.

De tal manera que, en algunos casos, se han ofertado plazas de código unitario que han dificultado notoriamente el desempeño de las funciones y, en consecuencia, la integración laboral de estas personas; así como, a su vez, una merma en la calidad del servicio público prestado.

En este sentido, se ha podido comprobar por esta Institución que existen múltiples normas u resoluciones que vienen a garantizar la adjudicación de puestos a estas personas con discapacidad intelectual.

Por ello, y teniendo en cuenta la pluralidad de personas que pudieran encontrarse perjudicadas en su relación con la Administración andaluza, con motivo de la participación en cualquier proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual, el Defensor ha decidido abrir una queja de oficio dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y al Instituto Andaluz de Administración Pública de la Consejería de Justicia.

Se les pide que informen a través de cuál procedimiento la Administración andaluza evalúa las necesidades existentes de incorporación de nuevo personal e identifica, de entre dichas necesidades, las plazas que son susceptibles de ser convocadas para su ocupación por personas con discapacidad intelectual y cómo se planifican, a priori, las adaptaciones requeridas para que el puesto de trabajo pueda ser desempeñado por las personas con discapacidad intelectual que concurren a la convocatoria.

Requiere información además de cómo se constata que la adjudicación del puesto concreto, y su toma de posesión, resulte adecuada inicialmente a las circunstancias específicas de la persona con discapacidad intelectual o qué instrumento se utiliza, por parte de la Administración, para realizar un seguimiento y acompañamiento del nuevo empleado, que permita garantizar que la integración en el puesto de trabajo ha culminado de manera efectiva. 

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