Huelva

El Defensor del Profesor señala un leve repunte del ciberacoso en Huelva

  • El informe anual del sindicato ANPE apunta un aumento de la presión de los padres a docentes

Un profesor atiende a un alumno en plena clase. Un profesor atiende a un alumno en plena clase.

Un profesor atiende a un alumno en plena clase. / M. G. (Huelva)

En un curso tan atípico como el pasado en el que tantas cosas cambiaron, el acoso y la violencia contra los docentes se mantuvieron. Es una de las conclusiones del informe anual del Defensor del Profesor que realiza el sindicato independiente ANPE. En el caso de Huelva, los datos de la provincia no difieren de la situación para los docentes en España y según el sindicato, aumentaron “los conflictos entre padres y profesores, el ciberacoso y faltas de respeto reiteradas por parte de los alumnos”.

El presidente de ANPE en Huelva, Jesús María Prieto, señala “las circunstancias particulares” del pasado año académico a causa de la pandemia para explicar el aumento de la presión de los padres a los profesores. Si en el panorama nacional la subida de la nota está detrás de ese comportamiento, Prieto apunta que en el caso de Huelva influyeron más los problemas de “adaptación a las nuevas plataformas”.

El fin de la enseñanza presencial a mitad de curso sí propició la bajada del número de denuncias respecto al anterior aunque el presidente provincial señala grandes diferencias entre las distintas comarcas. En este sentido, Prieto apunta que “los municipios de la Costa” son el escenario del mayor número de conflictos y en concreto Punta Umbría “como el caso más paradigmático”. Precisamente el IES Saltés de esta localidad saltó a los medios el pasado mes de octubre tras la agresión a una profesora del centro por parte de una alumna, menor de edad, en presencia de su madre y otro familiar.

Jesús María Prieto considera que “la situación socioeconómica de cada localidad” es la principal condicionante detrás de estos comportamientos lesivos y no tanto, añade, la influencia de las redes sociales “de las que hay dependencia en todas las edades”.El servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE emite su informe sobre la situación de la convivencia escolar desde el año 2005. El propio documento indica que se trata de un servicio que “ANPE pone a disposición de todos los docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acso e intimidación e las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros”.

Las conclusiones del curso pasado indican una reducción del número de casos por el fin de las clases presenciales en marzo para no volver hasta el inicio del curso actual. Para la elaboración de este último informe se han estudiado los 1.594 casos atendidos, menos que en el curso anterior “debido a la emergencia sanitaria y al confinamiento domiciliario”, explica el informe que coordina Laura Sequera Molina. Desde que se realiza este estudio, el peor curso fue el 2009-2010, cuando el número de docentes atendidos llegó a 3.998.

El documento establece una diferencia entre las conductas negativas que proceden de los alumnos y las que tienen origen en los padres. Respecto a los primeros, los datos nacionales indican que han aumentado tanto en lo que se refiere a amenazas, sobre todo estas, como al ciberacoso. En cuanto a los segundos, el informe destaca “el aumento de faltas de respeto hacia el profesor, el ciberacoso de padres a profesores y las acusaciones carentes de fundamento”.

El sindicato ANPE presenta en su documento unas propuestas de mejora tras el análisis realizado. El colectivo “reitera la necesidad” de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar liderado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En relación a esta propuesta, detalla los apartados con los que debería contar. En primer lugar, “la ineludible obligación de los equipos directivos” de informar al Ministerio Fiscal y a la dirección provincial de Educación correspondiente de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito.

También estima la conveniencia de un programa de prevención de acoso escolar, la actualización y el cumplimiento de los Decretos de convivencia, establecer protocolos de actuación, un plan de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos, el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales y el compromiso de la Administración para “el tratamiento rehabilitador y educativo de alumnos agresores”.

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