Huelva

Costas da tres meses a Fertiberia para el proyecto de restauración de las balsas

  • El Ministerio de Medio Ambiente reclama también a la empresa el depósito del aval de 21,9 millones de euros para la recuperación · La regeneración de las 720 hectáreas afectadas costará más de esa cifra

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Nuevo ultimátum del Ministerio de Medio Ambiente a Fertiberia. El departamento da a la empresa un plazo de tres meses para presentar el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyeso, que la compañía tendrá que ejecutar en los próximos años. Pero además, ha requerido de nuevo el aval de 21,9 millones de euros que la empresa de fertilizantes debe depositar ante la administración para garantizar el pago de la regeneración.

Estas reclamaciones se producen después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de casación interpuesto por Fertiberia contra una sentencia de la Audiencia Nacional. Ésta declaraba caduca la concesión para verter fosfoyeso a la marisma, lo que obligaba a la empresa a cesar el vertido y replantear el proceso industrial para evitar la generación de este residuo (resultante del proceso de fabricación del ácido fosfórico).

Al declararse firme la sentencia, la Audiencia Nacional y las partes instan ahora a la ejecución de la misma. La propia Audiencia dictó un auto en el que se establecían las condiciones en las que tendría que ejecutarse: prohibición de la apertura de nuevas balsas, el cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010, inicio inmediato de la regeneración ambiental de los terrenos conforme a los estudios científicos desarrollados por la Administración y constitución de un aval que garantice las obras de regeneración por importe de 21,9 millones de euros.

Esas condiciones quedaban establecidas en diciembre de 2009 y hasta la fecha se han cumplido las dos primeras. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente reclama a Fertiberia que cumpla las siguientes. Según explicó ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, su departamento ha dado a la empresa un plazo de tres meses (Fertiberia había pedido seis) para presentar el proyecto de restauración de las balsas, que "tiene que reelaborar en función de las directrices del estudio de Tragsatec".

Este estudio prevé el tratamiento in situ de los residuos, que debe producirse "con unas evaluaciones de la dinámica geomorfológica de la zona y la solución definitiva debe ir tratada no solo con impermeabilización de la superficie, sino con la depuración de todo elemento contaminante, que fundamentalmente estaba en el agua, en las dos grandes balsas en las que tenemos competencia nosotros" (en otras dos las competencias son de la Junta de Andalucía). Así, la actuación comenzará con la retirada de las aguas contaminadas y luego habrá que rediseñar los canales perimetrales, la red de drenaje, los taludes y demás elementos hidrogeológicos, así como realizar estudios adicionales de estabilidad estructural de las propias balsas y el tratamiento de las aguas pluviales hasta el final del proceso de recuperación para evitar la posible contaminación de elementos presentes en los fosfoyesos. Después, los residuos serán sepultados bajo suelos artificiales que hacen las veces de barreras activas permeables. El proyecto deberá completarse con la revegetación de las zonas afectadas y con un plan de seguimiento y monitorización de las actuaciones.

Es en esta última fase donde entrará el Ayuntamiento de Huelva, explicó Ríos, ya que el manto vegetal dependerá del uso posterior que tengan esos terrenos, "cosa que le competerá a la administración local".

Pero además, la resolución dirigida a Fertiberia plantea la obligación de concretar en un aval o un seguro de caución los 21,9 millones "que hasta ahora no ha puesto encima de la mesa", detalló el director general, recordando que "ya tenemos sentencia firme, no estamos en ejecución provisional". No obstante, se da por hecho que la regeneración de las balsas (720 hectáreas de terreno) bajo los parámetros marcados costará más de esa cantidad.

La organización ecologista WWF, parte también en el proceso judicial, instará asimismo el cumplimiento de la sentencia, algo que viene reiterando desde que la Audiencia Nacional dictaminó la caducidad de la concesión de vertidos.

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