El Colegio de Abogados de Huelva (ICAH) se ha concentrado a las puertas de las diferentes sedes judiciales que hay en la provincia reclamando las mejoras en el servicio del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido o Preso. Hasta Moguer, La Palma, Valverde, Aracena o Ayamonte acudieron los profesionales de la abogacía para mostrar su apoyo con las reclamaciones. 

El decano onubense, Fernando Vergel, estuvo junto a miembros de la Junta de Gobierno y colegiados de ICAH en el Palacio de Justicia, desde donde reclamó la necesidad de dignificar la profesión con mejoras en servicios como el del Turno de Oficio. Vergel dio a conocer el contenido del documento en el que se expresa las necesidades más urgentes que requieren los profesionales.

En el decálogo con reclamaciones desde el Colegio de Abogados se exigen "el reconocimiento del derecho de conciliación familiar y laboral en el ejercicio de la profesión. Suspensión por enfermedad del profesional o familiares, de señalamientos y plazos preclusivos. Así como la desconexión digital en los periodos vacacionales de verano y Navidad salvo para los servicios de guardia".

Además proponen "el incremento de los módulos del Turno de Oficio en Andalucía, igualando las percepciones con el resto de las Comunidades Autónomas, conforme un mecanismo de equiparación de las percepciones, que incluya un factor de corrección en caso de que otras comunidades aprueben baremos/módulos más elevados, igualándonos a ellos. Actualización anual automática de las retribuciones conforme al I.P.C, fijación calendario de pagos a principio de año, y reconocimiento de intereses de demora en caso de atrasos en los pagos anuales (interés de demora de la administración) y la retribución de todas las actuaciones realizadas, por ejemplo, conciliación laboral, asistencias a vistas suspendidas, agotamiento vía administrativa en su caso, y abono del kilometraje en las guardias".

También consideran "de obligado cumplimiento el abono al profesional, por parte de la administración, de los servicios prestados indistintamente de no confirmarse, ,denegarse o revocarse el beneficio de justicia gratuita, sin obligar al profesional a realizar trámites para requerir el pago a los beneficiarios que han perdido tal condición o han mejorado fortuna, instando de oficio el cobro a los administrados que ,han disfrutado indebidamente del beneficio".

Por otro lado, piden reconocimiento como autoridad pública del abogado en el ejercicio de sus ,funciones, de la designación de las guardias a efectos de solicitud de suspensiones por coincidencia de fechas y el trabajo efectivo y experiencia profesional de los servicios prestados. También la simplificación del procedimiento para la impugnación del beneficio de justicia gratuita, "tanto de oficio por la administración como por los posibles interesados y la administrativa del sistema para la justificación de asistencias y turnos". 

Finalmente abogan por el permiso de "estacionar en juzgados y dependencias policiales y especialmente de la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Justicia Gratuita" y nuevos reglamentos que la desarrollen.

Desde la plataforma del Turno de Oficio en la Provincia de Huelva, que anuncian nuevas concentraciones, expresan que la prestación del servicio "viene siendo insostenible desde hace años, ya que las retribuciones por el servicio son miserables e impropias de un servicio tan profesionalizado y de tanta responsabilidad, que ha sufrido mínimas actualizaciones durante estos años, y sin reconocimiento de ningún tipo de cobertura social en la prestación del mismo". 

"Las administraciones presumen de una justicia gratuita que no puede sostenerse y que se mantiene viva solo por el altruismo de los profesionales del derecho, que hasta la fecha no han querido perjudicar a sus defendidos", expresan, toda vez que indican que "la subida de los costes, la paralización de la justicia por culpa la Covid-19, las consecutivas huelgas de Secretarios Judiciales, Jueces, Fiscales y Funcionarios, además de la falta de inversiones y las exiguas pensiones que recibirán los profesionales adscritos a la Mutualidad de la Abogacía, hacen que se haya tocado fondo en la profesión y más concretamente en la prestación del servicio de Justicia Gratuita". 

Expresan así que "los abogados no podemos cargar a nuestras espaldas con el mantenimiento de este servicio público, siendo urgente la subida de las retribuciones y el reconocimiento de las coberturas sociales mínimas para quienes prestan el servicio, además de reconocer el derecho de huelga y a la conciliación familiar a unos profesionales que no pueden ser tratados como esclavos en el siglo XXI".