El sindicato CSIF ha rechazado el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que genera, ya que propicia “la usurpación de funciones que están reservadas al personal funcionario en favor del personal propio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía”, según se ha explicado desde esta central sindical.
En las alegaciones realizadas a dicho proyecto de decreto se expone que el acto procedimental de reconocer la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía conlleva una potestad pública para el personal que lo realiza.
El sindicato explica que “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”.
Además, defiende que “en nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina existen suficientes elementos para interpretar de forma homogénea la reserva legal que se hace en favor de los funcionarios públicos”.
Igualmente, desde el sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF se recuerda que “desde la creación del servicio de valoración de la dependencia, se ha reservado esta función al personal funcionario, que sin duda es el único legitimado para ejercer potestades administrativas”, al tiempo que ha alertado sobre que en el nuevo proyecto de decreto se equipara en el mismo nivel al personal valorador y al que realiza los planes individuales de atención (PIA).
La central sindical denuncia esta “clara usurpación de funciones” que, en su opinión, se debe a “la falta de personal funcionario y a la escasa apuesta por esta figura a favor de desviar funciones al personal propio de la Agencia Andaluza de la Dependencia”.
En esta línea, CSIF asegura que la nueva norma que se pretende sacar adelante supone “un menoscabo para la promoción y carrera profesional de los funcionarios” y constituye “un ejemplo claro de desviación de funciones de la propia Consejería y delegaciones territoriales hacia la agencia que dudamos que sirvan para agilizar el procedimiento y acortar plazos”. Lejos de ello, el sindicato cree que el nuevo decreto lo que pretende es “dar contenido al personal de la agencia”, concluye.
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