La decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dejó satisfecho a nadie. Ni al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ni al Ministerio de Justicia, ni al propio juez Rafael Tirado, a pesar de que la sanción impuesta por el "retraso injustificado" en la ejecución de la sentencia a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, es mucho más leve de la que propuso la Fiscalía.

El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla recibió en su despacho, pasadas la una y media de la tarde, un fax en el que se le comunicaba de forma escueta el acuerdo de la Comisión Disciplinaria que le imponía una sanción de 1.502,53 euros por el retraso durante dos años y dos meses de la ejecución de la sentencia que condenó a Del Valle por abusos sexuales a su hija. Junto al magistrado, que esa misma mañana celebró juicios como cualquier otro día, se encontraba uno de sus abogados defensores, Alfonso Martínez Escribano, que fue quien anunció a los periodistas que presentará un recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ, al considerar que el juez Tirado "no ha cometido ninguna conducta que pueda ser sancionable".

El abogado defensor sostuvo que este caso se han entremezclado "opiniones y reproches" y añadió que el máximo órgano de gobierno de los jueces ya ha expuesto en otras ocasiones que la responsabilidad de un juez no se puede medir por el resultado producido. "El juez Tirado no es responsable directa o indirectamente del trágico suceso y no tiene que asumir esa responsabilidad, el punto de partida es equivocado", afirmó con vehemencia Martínez Escribano, quien señaló que lo ocurrido se debe a un "fracaso colectivo del sistema de ejecución de sentencias". Al ser preguntado sobre si su cliente tiene la sensación de ser un cabeza de turco, el letrado destacó que en España, cuando sucede un escándalo de este tipo, "siempre se intenta buscar un culpable y al final lo que ocurre es que puede estar respondiendo una persona de una responsabilidad compartida".

No comparten esta postura los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria que ayer decidieron castigar al juez Tirado como autor de una falta grave, en una votación que contó con el voto a favor de tres vocales: los nombrados a propuesta del PP Carlos Ríos y Juan Pablo González, y el independiente Agustín Azparren. En contra votaron las vocales de la minoría progresista, Monserrat Comas y María Ángeles García, quienes estimaron que el expediente debería devolverse al instructor para que planteara un nuevo pliego de cargos en el que se calificara la conducta del juez como una desatención "muy grave", lo que supondría en la práctica un endurecimiento considerable de la posible sanción: suspensión de hasta tres años, traslado forzoso a un destino a 100 kilómetros de Sevilla e incluso expulsión de la carrera judicial.

Tras conocer la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado anunció que también presentará un recurso "en los próximos días", una vez que se analice el contenido completo de la resolución de la Comisión Disciplinaria.

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, consideró en su informe que el juez Tirado incurrió en una falta muy grave por no haber adoptado "ninguna resolución" decretando la búsqueda de Santiago del Valle durante dos años "ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión" del pederasta. La Fiscalía entiende que ante la imposibilidad de notificar el auto que decretaba su ingreso en prisión a Santiago del Valle, "lo procedente" habría sido que Rafael Tirado dictara una orden de busca y captura del condenado y expidiera las requisitorias correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El juez y la Fiscalía disponen ahora del plazo de un mes desde que se les notifique la resolución para formalizar el recurso ante el Pleno del CGPJ, con lo que los nuevos vocales propuestos esta misma semana tendrán la última palabra sobre la sanción del juez de lo Penal número 1 de Sevilla.