El Ayuntamiento de Huelva está a un paso de hacerse con la titularidad de la antigua prisión, con la que podrá afrontar la recuperación del histórico inmueble para la ciudad. El miércoles pasará por el Pleno la aprobación del gasto de 648.262 euros, que es el pago pendiente al actual propietario para que pueda ejecutarse la permuta acordada en 2006.

Hace ahora un año, también en el pleno ordinario de octubre, se acordó el primer abono a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), dependiente de los ministerios de Hacienda y de Interior, por una cuantía total de 1.584.842 euros. Por eso ahora se completa el importe de 2.233.105 euros establecido como pago complementario del Ayuntamiento de Huelva en el acuerdo de hace 14 años con la Sociedad para la permuta de la titularidad de la antigua cárcel onubense por la parcela para la construcción del centro de inserción social Beltrán Catalá.

Realmente, ese acuerdo firmado en 2006 por el Gobierno municipal de Pedro Rodríguez y la entonces SIEP no llegó a ejecutarse totalmente, ya que desde Huelva no se pagó nunca ni parte de esa cantidad que hubiera posibilitado el traspaso de la titularidad del inmueble de la antigua prisión a la ciudad onubense.

Por ello la propia Sociedad, después de varios intentos de negociación infructuosos, interpuso en enero de 2015 un contencioso para reclamar este abono. Éste fue estimado definitivamente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en mayo de 2016, con una sentencia condenatoria para el Ayuntamiento, ya entonces presidido por Gabriel Cruz, que fue obligado al pago de los 2,2 millones de euros en que se cerró la operación diez años antes, más 660.000 euros en concepto de intereses y costas judiciales.

El pago actual viene de un acuerdo de 2006 no cumplido y heredado del anterior Gobierno local

El abono que ahora se liberará por parte del Pleno dejará saldada aquella deuda heredada de los tiempos de Pedro Rodríguez y habilitará ahora al Ayuntamiento de Huelva para ser el nuevo propietario de la antigua prisión de la avenida Federico Molina.

“El siguiente paso que tenemos previsto desde el equipo de gobierno, una vez se liquide la totalidad del pago de esta sentencia”, ha explicado a Huelva Información el teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, “es formalizar la firma de las escrituras con la SIEPSE para hacer efectivo el cambio de titularidad de este conjunto edificatorio, tal y como se acordó en el Pleno hace ya 19 años”.

Destrozos en el interior de una galería por el estado de abandono.

De esta forma, ha incidido Manuel Gómez, se va a conseguir poner “en valor en servicio de la ciudad de Huelva”, lo que supondrá “un hito muy importante para la barriada de Isla Chica”. El responsable de Urbanismo no avanza cuándo podría producirse este acto, ni marca aún los tiempos del paso siguiente, que será afrontar la recuperación de la construcción para la ciudad.

Hace dos meses, en cualquier caso, recordaba a este periódico que el alcalde ya se ha manifestado en varias ocasiones partidario de darle “un uso social”.

“Tenemos en mente muchas cosas”, añadió. “Una vez que esté finalizada la transmisión de este emblemático inmueble, ya se informará a la ciudadanía de las opciones que tenemos y cuáles son las alternativas posibles”.