El Ayuntamiento cambiará los estatutos de Emahsa para seguir vendiendo acciones

El nuevo expediente de la operación Aguas de Huelva deja la puerta abierta a la pérdida de la mayoría accionarial por parte del Consistorio · Al desvincular la basura, se duplican los beneficios a largo plazo

En un sprint de negociaciones con empresas afincadas en Madrid, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento trata de sacar adelante el que ya es el Plan C de la operación Aguas de Huelva, la semiprivatización de la joya de la corona. El dossier que esta semana vio luz verde en el Pleno contiene una novedad sustancial respecto al conato anterior, aparte de desvincular definitivamente del proceso los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de contenedores y papeleras: según la memoria a la que ha tenido acceso este periódico, los estatutos de la futura empresa mixta (en la que quedará convertida Emahsa con la entrada de un socio tecnológico) han sido modificados para "permitir la transmisión parcial de las acciones de titularidad pública, de forma que la participación municipal de la sociedad de economía mixta pueda reducirse siempre y cuando se mantenga el carácter de empresa mixta".

Esto es, el Consistorio está dispuesto a renunciar a la mayoría accionarial que había quedado blindada en el procedimiento anterior, abortado porque el concurso para la venta de acciones quedó desierto.

Ahora cambian las tornas, con la expectativa del Ayuntamiento de conseguir al menos un balón de oxígeno de 40 millones con esta operación (rebajando en 24 millones la prógnosis inicial) al eliminar el lastre de los servicios deficitarios y limitando la operación a lo único rentable: la gestión del ciclo integral del agua. Sin embargo, la transición se flexibiliza ahora, en una suerte de privatización gradual (en teoría, si llegar al 100% privado), ya que en el anterior borrador de estatutos no prohibía expresamente la venta parcial de acciones públicas, "de forma que la participación municipal en la sociedad de economía mixta -se decía entonces- se mantendrá en el 51%". Párrafo que ha sucumbido, pues, al tira y afloja de las negociaciones y la urgencia del Ayuntamiento por desbloquear este atajo de financiación, en una situación en la que ya está siendo complicado mantener los gastos del personal de la Administración local y sus organismos satélite y patronatos, así como el coste de los servicios deficitarios.

Según consta en el nuevo borrador, la transmisión de acciones de titularidad pública a favor del socio privado "requerirá previamente que se cumplan todas las normas administrativas que regulan la modificación de la forma de gestión del servicio público que, a través de la presente sociedad, se prestan". Igualmente, la transmisión a favor de terceras personas físicas o jurídicas de derecho privado estará sujeta al derecho de adquisición preferente del socio privado. A tal efecto, el Ayuntamiento tendrá que poner en conocimiento del Consejo de Administración su deseo de transmitir acciones, y éste a su vez, lo comunicará, en el plazo de 15 días hábiles, fehacientemente a los demás socios, los cuales dispondrán del plazo de 30 días hábiles para ejercitar el derecho de tanteo.

Otra diferencia que subyace en el nuevo expediente (que ahora entrará en fase de alegaciones para promover en septiembre una nueva licitación) es el estudio económico de la operación, ya que al segregar los servicios de basura y limpieza de la futura gestión mixta se elimina el lastre de un déficit anual de más de 5 millones de euros. Si con la fórmula anterior estaba previsto que hubiera pérdidas en los cuatro primeros ejercicios y se alcanzara el cenit de beneficios a los 25 años (vigencia total de la operación) con unas ganancias de 3,5 millones; en esta nueva vuelta, la proyección de gastos e ingresos sólo arroja números rojos en los dos primeros años, incrementando los beneficios progresivamente hasta llegar a unas ganancias de más de 6 millones en el último ejercicios del contrato, 2035.

A la hora de diseñar el nuevo cuadrante de evolución económica, la comisión de estudio ha cambiado algunos parámetros, como por ejemplo la estimación de IPC a aplicar a gastos y facturación, pasando de una referencia del 2,6% a un 1,5% más medio punto de incremento anual de abonados.

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