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Huelva

El Ayuntamiento de Huelva colabora con la Fundación Tutela

  • El objetivo es garantizar la protección jurídica y los derechos de las personas con discapacidad

Momento de la firma del convenio.

Momento de la firma del convenio. / M.G. (Huelva)

El Ayuntamiento de Huelva colabora con la Fundación Tutela. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Antonio Conde, como presidente del Patronato de la Fundación Onubense de Tutela, han firmado un convenio de colaboración para reforzar la protección jurídica y social de las personas con discapacidad y de las que tienen problemas de salud mental en la ciudad.

Según el alcalde, el objetivo es colaborar con esta entidad “para potenciar su extraordinaria labor y alcanzar sus fines, que van desde el ámbito jurídico y económico, al social, en beneficio de este colectivo de la sociedad”. Cruz ha señalado que la tutela y la capacidad jurídica “es una enorme preocupación tanto para las personas afectadas como para sus familiares y cuidadores, encontrando en la Fundación Onubense de Tutela una orientación a sus problemas jurídicos”.

En definitiva, según ha apuntado el alcalde, “el objetivo es ofrecer protección a estas personas y garantizarles el pleno disfrute de sus derechos”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Onubense de Tutela, Manuel Antonio Conde, ha afirmado que “es un deber de todas las administraciones proteger a los ciudadanos que lo necesitan, asegurando su protección jurídica y el efectivo disfrute de sus derechos”. En este sentido, Conde ha reiterado la importancia de la colaboración y trabajo conjunto para velar por los derechos de nuestros ciudadanos alcanzando una inclusión e igualdad real”.

La Fundación Onubense de Tutela tiene como objeto principal la protección de personas, patrimonios y recursos de personas con diferentes capacidades, con enfermedad mental, mediante el ejercicio de tutelas, curatelas, administración judicial de bienes y defensas judiciales que le sean atribuidas por decisión judicial, de quienes no dispongan de familiares o bien por otros motivos no sean capaces de administrarlo adecuadamente.

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