Los tribunales vuelven a pronunciarse en cuanto a la caducidad de la concesión para verter fosfoyeso y el proceso de final de vertidos. Y lo hacen para dar de nuevo la razón a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en este caso considerando correcta la resolución de abril en la que ésta instaba a Fertiberia a entregar en el plazo de tres meses el proyecto de restauración de las balsas y reclamaba un aval de 21,9 millones de euros para garantizar el pago de la regeneración.

Esta resolución ministerial era un paso más en la ejecución de la sentencia dictada en 2007, por la que la Audiencia Nacional daba la razón al Ministerio al considerar caduca la concesión que permitía verter fosfoyeso a la marisma. Este dictamen fue seguido por una propuesta de ejecución de sentencia que (según las condiciones establecidas por la Audiencia Nacional) se concretaba en la prohibición de abrir nuevas balsas, el cese definitivo de los vertidos, el inicio de la regeneración ambiental de los terrenos y la constitución de un aval.

Cumplidas las dos primeras, la Administración instaba a la empresa en abril a cubrir también las dos siguientes. Pero la empresa mostró su disconformidad con esa solicitud de ejecución de la sentencia, considerando que hay un "abuso en el ejercicio de la jurisdicción" y que la fianza no quedaba justificada.

La Audiencia considera al respecto que la resolución de la antigua Dirección General de Costas "recoge los pronunciamientos de esta Sala" del auto de 14 de diciembre de 2009 (en el que se dictaban las condiciones de ejecución de la sentencia) y establece la posibilidad de sustituir el aval de 21,9 millones por "una garantía hipotecaria que cubra en la cantidad fijada", algo solicitado por la empresa.