Alcanzar la emancipación, la autonomía y la capacidad para lanzarse al mundo no está al alcance de todos los jóvenes, muchos de ellos son vulnerables por problemas derivados de la propia familia de origen, la escasez de recursos económicos, el desarraigo de la migración o la discapacidad.

“Había que dar respuesta a todas estas necesidades”, explica Antonia Rubio, directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Necesidades de aquellos que cumplen los 18 años con poco a lo que asirse y para los que está destinado el Programa Mayoría de Edad. Este rango se ha ampliado hasta los 25 años tal como establece la Ley de Infancia y Adolescencia que entró en vigor el pasado 30 de agosto, porque “antes era hasta los 21 y se quedaba corto”, explica la directora general.

“Es complejo generar una red de recursos porque la tipología es muy variada”, explica Rubio, y además es cambiante. En este sentido, apunta al incremento de la violencia de género entre chicas más jóvenes y a la llegada masiva de menores no acompañados en momentos muy concretos, circunstancias a las que el programa también debe dar respuesta.

Dos líneas fundamentales articulan un plan de acción –denominadas Recursos de Media y Alta Intensidad– hacia la emancipación de los chicos, pero “no la consiguen sin una red de apoyo”. Por una parte, a partir de los 16 años “reciben una orientación formativa, laboral y de habilidades sociales”. Tiene carácter transversal y está destinada a menores con medidas de protección en acogimiento residencial o familiar (de 16 a 18 años) y a jóvenes que han estado bajo el sistema de protección de menores cuando ya tienen la mayoría de edad (de 18 a 25 años).

Trabajan con los chavales en la orientación al mercado laboral a través de la elaboración del currículum, cómo afrontar una entrevista de trabajo y técnicas de búsqueda de empleo. La integración y la empleabilidad, por tanto, son los objetivos fundamentales.

Respecto a la segunda, el Programa de Mayoría de Edad da un paso más allá y pone a disposición de los jóvenes provenientes del Sistema de Protección de Menores pisos compartidos, un recurso de carácter voluntario. “Se trabaja la autonomía”, explica la directora general, de modo que cuando acceden a estos alojamientos deben responsabilizarse de las tareas propias de la organización del hogar que comparten con sus compañeros, también destinatarios del programa.

En paralelo, reciben el apoyo económico necesario y el acompañamiento de orientadores y educadores a través de itinerarios personalizados, un personal fundamental en esa red de apoyo que les atiende en aspectos como puedan ser los burocráticos o los médicos.

El programa recibe el apoyo de diversas entidades e incluye convenios con las universidades andaluzas. En Andalucía, en los últimos dos años los recursos de Media Intensidad han pasado de 38 a 50 (dos en Huelva gestionados por la Fundación Diagrama y Haccam) y en cuanto a las plazas correspondientes a los de Alta Intensidad, han crecido de 215 a 833 plazas (79 en la provincia de Huelva).