Tuvo claro desde que llegó a la Dirección General de Infancia que era fundamental diseñar un nuevo mapa de recursos que diera respuesta a las necesidades de los menores, así como ampliar el modelo de atención a los extutelados. Respecto a la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, Antonia Rubio indica que contempla las nueva realidades.

–¿Qué objetivos se ha marcado como directora general de Infancia?

–Cuando llegué a la Dirección General de Infancia en febrero de 2019 el principal objetivo que nos marcamos fue avanzar en la Ley de Infancia y Adolescencia, que ahora está en trámite parlamentario. Aparte se ha modificado el sistema de atención y de acogimiento residencial porque Andalucía es puerta de entrada a la emigración infantil y adolescente y nos planteamos la necesidad de gestionar un mapa de recursos diferente al que existía.En 2017 y 2018 hubo una gran llegada de menores migrantes a Andalucía por la crisis migratoria y eso hizo que los niños estuviera hacinados y con una cobertura básica de sus necesidades. La evaluación de esa experiencia y de los dispositivos que tuvieron que ponerse en marcha nos hizo pensar en otro modelo que diese respuesta a su proyecto migratorio, que es muy diferente a la atención que necesitan otros niños que están en acogimiento residencial.

–¿Qué supuso ese cambio de modelo?

–Ese cambio de modelo supuso que durante estos dos años hayamos tenido una buena evolución en los proyectos migratorios de los niños y niñas y la tasa de abandono se ha reducido bastante porque se ha dado respuesta a sus necesidades y, además, hemos podido trabajar mucho más de manera integral en el resto de recursos del mapa residencial de Andalucía. Otro de los objetivos que nos planteamos fue incrementar el número de familias de acogida y favorecer las medidas de integración familiar, reforzando el programa de familias colaboradoras y trabajando, sobre todo, en dar un marco normativo para priorizar el acogimiento familiar y las medidas de integración familiar frente al acogimiento residencial.

–¿Están garantizados los derechos de los niños?

–En la Ley de Infancia y Adolescencia, que está en trámite parlamentario, se recogen ampliamente esos derechos. El Covid ha venido a incrementar esa situación de riesgo y vulnerabilidad y por eso es importante que todas las administraciones y entidades sociales de Infancia podamos trabajar de la mano para un poco paliar esta descompensación, que ha afectado sobre todo a los más vulnerables, que son los niños y niñas.

–¿En qué aspectos hay que incidir para mejorar esa situación?

–Sobre todo es importante tener un marco de referencia normativo, que era muy necesario en Andalucía. La actual ley es de 1998 y la Ley de Infancia, que ahora está en trámite parlamentario, actualiza nuevas realidades que han ido surgiendo en la Infancia y Adolescencia, que no estaban recogidas en la Ley del 98, que no suponían entonces un problema para la adolescencia y la infancia como son, por ejemplo, las adicciones tecnológicas, que no sólo suponen un perjuicio para su bienestar sino que también en muchos casos van acompañadas de violencia, de incremento de la violencia sexual que sufren los niños y las niñas a través de las redes sociales, en definitiva, conflictos que se generan en las familias, de contextos de comunicación que se hacen muy difíciles con los hijos.

Eso es un gran reto que tenemos por delante, además de la prevención y la coordinación a través de las administraciones públicas y dar una protección con estándares de calidad en los centros de protección de menores y con un incremento de las posibilidades de los niños y niñas para que tengan un hogar.

–¿Debería regularse el uso de las nuevas tecnologías?

–En la Ley de Infancia y Adolescencia, que está en trámite parlamentario, está regulado su uso por primera vez. Se regula la protección de la infancia y la adolescencia hacia las adicciones tecnológicas y hacia las conductas adictivas, y también se hace mucho énfasis en la protección ante la publicidad y los materiales audiovisuales que puedan incitar a conductas de riesgo a los niños y a las niñas.No solamente esas conductas de riesgo están relacionadas con las adicciones, sino, a menudo, a través de las redes sociales se accede a contenidos que generan daños, por ejemplo, en el tema de trastornos de alimentación: anorexia, bulimia..., vídeos que incitan a desarrollar conductas que suponen un riesgo para la salud y para el bienestar de esos niños y niñas.

–¿Debería enseñárseles cómo enfrentarse a las situaciones que se les pueden plantear por un mal uso de las nuevas tecnologías?

–Hay que incidir en distintos aspectos, las nuevas tecnologías son una realidad y las vamos a tener que usar todos, tanto los niños y niñas como sus familias . No sólo hay que incidir en un uso responsable por parte de los niños y niñas también por parte de los adultos, porque muchas veces los adultos hacen un uso abusivo de esas nuevas tecnologías y dificultan que haya un contexto de comunicación, en el que tener un pensamiento reflexivo y donde compartir actividades de la vida cotidiana.

Aparte hay que incidir en la formación digital del profesorado y en la rotura de la brecha digital. Durante la pandemia se ha puesto en evidencia que había una dificultad por no poder acceder mediante ordenadores a Internet, pero también por falta de conocimiento a veces de los padres y madres para poder apoyar a sus hijos cuando estábamos confinados, no era igual en todas las familias, ahí tenemos que incidir, en esa formación desde la parentalidad positiva de los progenitores, que además es responsabilidad de las administraciones públicas.

–Respecto a las nuevas tecnologías, ¿es fundamental ahondar en la protección de la infancia?

–Es prioritario porque a través de las nuevas tecnologías surgen otros tipos de violencias que hasta ahora no se estaban abordando. Nosotros en Andalucía tenemos un programa pionero en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia y muchos de los casos que están llegando al programa vienen también por situaciones de violencias digitales, a través de las redes , el contacto con personas a través de las redes o el uso de imágenes de la infancia en las redes sociales que no están autorizadas, todas esas cuestiones es fundamental que las abordemos.

–A nivel general, se aprecia una falta de valores en la infancia y adolescencia, ¿cómo se puede cubrir esa carencia?

–Hay aspectos muy importantes recogidos en la Ley de Infancia y Adolescencia que tienen que ver con el tema intergeneracional, la educación en valores y sobre todo con una línea que es fundamental, que es la participación de la infancia y adolescencia, no es sólo escuchar la voz de los niños sino también tenerla en cuenta, además favorece la responsabilidad, la asunción de valores que socialmente son muy importantes como la cooperación, la colaboración, el trabajo intergeneracional. Todos esos aspectos se trabajan a través de los consejos locales de infancia y adolescencia, y es un encuentro de educación en valores muy importante.

También hay que apoyar a las familias desde la parentalidad positiva, para que la tarea de ser madres y padres la puedan desarrollar en un contexto y con apoyos, incidiendo en la diversidad de familias que tenemos en Andalucía, cada una con sus necesidades y características, el apoyo a las familias monoparentales y en concreto a las monomarentales. Durante la crisis del Covid se ha visto que es una prioridad, una necesidad, porque a menudo necesitan más recursos y apoyos sociales.

–El proyecto de la Ley de Infancia y Adolescencia pretende regular sus derechos pero también sus deberes, ¿qué medidas contempla al respecto?

–Los deberes de los niños, niñas y adolescentes sobre todo se han recogido en la ley con una intención pedagógica, apostando por el cumplimiento de las leyes y de las normas, que son de aplicación a todas las personas y también desde una participación en la vida familiar, en las escuelas y demás, la necesidad de respetar las normas de convivencia en los centros educativos, respeto al profesorado, a los compañeros y compañeras, y al personal para crear entornos de convivencia saludables.

–Se ha registrado un aumento de la violencia filio-parental y de las conductas de violencia de género entre los adolescentes, ¿qué está fallando?

–Hay que incidir en la prevención, en la educación afectivo-sexual en las escuelas desde la primera infancia y en la educación emocional, sobre todo en la educación en igualdad y en corresponsabilidad, pero también en diversidad de género. En el tema de la violencia filio-parental hay que incidir en la prevención. En Andalucía está funcionando el programa Nayfa, que pretende abordar las dificultades y conflictos que existen en las familias, entre los progenitores y los hijos, y es un programa que permite trabajar, desde la prevención, la violencia filio-parental. En Huelva en 2020 se atendieron a 104 familias en este programa y estábamos en un año de pandemia, y a 108 niños y niñas, sobre todo adolescentes.

La prevención es el pilar fundamental en el que tenemos que apoyar las políticas de infancia. Contamos con el equipo de tratamiento familiar, que trabaja con familias que tienen dificultades y en las que se dan situaciones de riesgo. Las administraciones públicas deben apoyar a los padres y madres para que puedan ejercer una parentalidad positiva.

–¿Qué recursos se les ofrece a los menores extranjeros no acompañados?

–En 2019 creamos un modelo de atención a menores inmigrantes no acompañados que completa el mapa de recursos de Andalucía, que implica adaptarse a su proyecto migratorio y a sus necesidades y que ha dado muy buen resultado y muchas comunidades autónomas se han interesado por imitar o transferir el modelo. Implica un recurso de recepción inmediata, donde se valora la situación inicial de los niños después del largo y duro viaje realizado, se aplican las medidas sanitarias, el protocolo de salud. A través de mediadores se puede orientar sobre esas necesidades, conocer cuál es su proyecto e inicialmente intentar establecer contacto con sus familias en sus países de orígenes o aquí si tienen familias en España.

Cuando todo ese trabajo se ha desarrollado en los centros de recepción, van a un centro de estudio y diagnóstico donde se valora cuál es su situación y pasan a un recurso adecuado a esas necesidades, que puede ser un centro de inserción sociolaboral , donde se trabaja con chicos desde dieciséis a dieciocho años el conocimiento del idioma, el aprendizaje y la orientación formativa laboral.

Si son más pequeños pueden pasar a un centro residencial básico o a medidas de acogimiento familiar y, cuando los chicos cumplen dieciocho años, todos los menores en Andalucía tienen un recurso de mayoría de edad a su disposición para trabajar la inclusión social y laboral. Esto es muy innovador, en la Ley de Infancia y Adolescencia se amplía hasta los veinticinco años el acompañamiento a los extutelados, sean andaluces o inmigrantes, con programas e itinerarios laborales y formativos, que es fundamental para que eso concluya en una inclusión social y laboral y efectiva.

–¿Cuáles son esos recursos para los que cumplen la mayoría de edad?

Esos recursos de mayoría de edad se pueden desarrollar o bien en un programa que denominados de media intensidad, en el que reciben formación y conocimientos sobre cómo acceder al mercado de trabajo y van desarrollando distintas actividades formativas y prelaborales, o bien en recursos de alta intensidad, que son plazas que tenemos para extutelados, que no tienen apoyo social o familiar y precisan además poder vivir en un piso, donde hay profesionales que los van orientando.

–¿Qué supone incrementar hasta los veinticinco años el acompañamiento a los extutelados?

–La nueva Ley de Infancia lo que aporta fundamentalmente es incrementar ese acompañamiento hasta los veinticinco años, que es muy novedoso, anteriormente se realizaba hasta los veintiuno. Ya había experiencias hasta los veinticinco años, se ha homogeneizado en toda Andalucía un protocolo de mayoría de edad para intentar que el itinerario y formación de los chicos extutelados sea mucho más efectiva y eficaz por el funcionamiento de los recursos y sobre todo hemos incrementado a más de ochocientas las plazas de alta intensidad, que permitan hacer esa inclusión laboral efectiva. En 2018 había poco más de doscientas plazas.

Con los inmigrantes extutelados la dificultad que se plantea es la documentación porque son chicos que vienen con un proyecto migratorio muy claro, quieren conseguir la documentación, formarse y trabajar. A veces es la documentación la que está frenando ese proyecto de inclusión laboral, una documentación que precisa que haya una modificación en el reglamento de extranjería, que ya se está abordando a nivel estatal y que ayudaría a que estos chicos se puedan insertar laboralmente mucho más rápido.

–¿Cuántos menas hay actualmente en Huelva?

–En Huelva hay 56 menores inmigrantes no acompañados, de los cuales 53 son niños y 3 niñas. En centros de inserción sociolaboral hay 28. Los centros de inserción sociolaboral son los recursos para trabajar el itinerario formativo -laboral con chicos de 16 a 18 años, aparte de ser recursos residenciales se va trabajando con un itinerario concreto con cada uno de ellos, en muchos casos ese itinerario continúa durante la mayoría de edad hasta que consiguen la emancipación.