El director general de ejecución penal y de reinserción social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, ha visitado las dependencias de la cárcel de Huelva para inspeccionar de primera mano el estado de las obras de la prisión, algo que, para la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) "contrasta con la incapacidad para resolver o más bien empeorar la situación por parte de instituciones penitenciarias la situación de los facultativos en el centro penitenciario de Huelva".

En la actualidad, informan en un comunicado, hay seis vacantes de las ocho plazas, lo que se traduce en que no hay un facultativo las 24 horas, "en una institución con las características tan especiales como son las de un centro penitenciario y poniendo en riesgo la salud de población reclusa, funcionarios de prisiones y miembros de la guardia civil que trabajan a diario en el centro penitenciario".

Esta carencia de médicos,-explican,- unido a la falta de personal en todas las áreas, "contrasta con la descomunal inversión en infraestructuras que se está realizando en el centro penitenciario que no va a resolver los problemas principales de los trabajadores penitenciarios onubenses".

Así, trasladan desde Acaip, "existe una desprotección jurídica de los trabajadores frente a las agresiones y una instauración de una política del miedo implantada por parte de los gestores penitenciarios, algo que pretenden ocultar con publicidad institucional, como por ejemplo la apertura de un módulo mixto en la unidad terapéutica en el centro penitenciario de Huelva, simulando una apuesta por una mejora en los programas de tratamiento dirigidos a reinserción social de la población reclusa".

Sin embargo, afirman, "la realidad es bastante distinta, y a modo de ejemplo esta administración penitenciaria es incapaz de establecer acuerdos con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, para que el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones vuelva al centro penitenciario de Huelva tras su marcha desde hace más de un año, un vehículo fundamental para la reinserción social de la población reclusa con antecedentes de drogodependencia del centro penitenciario de Huelva".

Para concluir, afirman que "todo lo que estamos describiendo, unido a la incapacidad por parte del ministro Marlaska, así como la de los máximos mandatarios de la institución penitenciaria para resolver un conflicto colectivo en el que solicitamos una mayor seguridad en nuestra labor diaria en una profesión tan difícil como es la de funcionario de prisiones, además de unas retribuciones adecuadas a la importancia de la labor que realizamos.