La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Huelva denuncia la "persistente avería" que afecta a las comunicaciones telefónicas de la prisión de La Ribera y que ya dura una semana.

A través de un comunicado, el sindicato de funcionarios de prisiones indica que la disfunción impide que se produzca el contacto telefónico "con otros organismos tan importantes como son los juzgados onubenses y de otras provincias, o como el Servicio Andaluz de Salud, o impide que los familiares de la población reclusa se pongan en contacto con los profesionales del centro".

Esta avería, además, impide la gestión telefónica entre los departamentos y las distintas oficinas del centro penitenciario, según Acaip, por lo que ha presentado una queja ante la Dirección del penal, a la Subdelegación del Gobierno y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "en la que no solo exigimos una rápida resolución de este grave problema sino que se investigue y depuren responsabilidades no solo en la tardanza en la resolución de este colapso en las comunicaciones, sino también por la falta de previsión en solucionar este problema que se venía arrastrando hace meses y ha derivado en el colapso actual".

La fuerza sindical expresa que "seguimos incrédulos ante la dejadez de Instituciones Penitenciarias para solucionar este problema, alegando dificultades técnicas y presupuestarias". Por otra parte, cuestina "el desgobierno de nuestras autoridades gubernativas de un problema conocido y que persiste durante meses, que aboca al Centro Penitenciario de Huelva a un colapso funcional".

Esta situación contrasta con la "inversión descomunal en unas obras de reformas de los módulos residenciales, con un coste aproximado de seis millones de euros, que son solo tienen carácter parcial", se afirma en la nota de prensa. "Obras que se inician en un contexto actual de pandemia, y que mucho nos tememos tenga su pilar fundamental en la implantación de más cámaras de videovigilancia, basándose en el control obsesivo por parte de los gestores penitenciarios de la actividad diaria de los funcionarios de prisiones de los que se desconfía, de forma sistemática, en el desempeño de sus funciones".

En este sentido, Acaip Huelva remarca que "existe una política de ahorro de costes de personal, siendo más que evidente en la falta alarmante de facultativos en el centro penitenciario de Huelva; una política de fiscalización y desconfianza absoluta hacia la actividad diaria de los funcionarios de prisiones, que se refleja en la creación de normas internas desde Instituciones Penitenciarias con el único propósito de inocular miedo en la actividad diaria de los trabajadores penitenciarios, y en un empeoramiento en la calidad asistencial a la población reclusa, poniendo como ejemplo el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones dependiente de la Diputación Provincial de Huelva no tiene presencia física en el centro penitenciario desde hace más de un año".

En definitiva, la fuerza sindical avidencia que "las prioridades de Instituciones Penitenciarias no pasan por una gestión responsable y eficiente de sus recursos, sino que se centran más en gastar recursos para controlar y fiscalizar a los funcionarios que en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad asistencial de la población reclusa del centro penitenciario de Huelva".