Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Huelva han logrado en los tribunales la anulación de la suspensión de funciones y la pérdida de destino de un agente destacado en un puesto de la provincia onubense.

Como indicó ayer la agrupación a través de un comunicado, la propuesta de sanción formulada desde la Comandancia de Huelva estaba basada en que el funcionario no podía ejercer sus funciones en el puesto de trabajo que ocupaba, "obviando de forma torticera que este trabajador se encontraba de baja por enfermedad de larga duración y que, por tanto, no podía ejercer sus funciones" debido a esta dolencia.

Sin embargo, al omitir la Comandancia en su propuesta esta circunstancia, el guardia civil fue suspendido de funciones y con ello dejo de percibir una parte de sus nóminas. Esta decisión fue recurrida por los servicios jurídicos de AUGC Huelva, siendo estimado el recurso y anulada dicha suspensión, con la devolución al trabajador de la parte detraída de sus nóminas y los intereses legales correspondientes. A pesar de ello, "la maquinaria de la Guardia Civil siguió adelante y, mediante una nueva propuesta, se le privó del destino".

Para ello se alegó que el agente había sido suspendido de funciones, "volviéndose a obviar algo fundamental: que dicha suspensión había sido anulada por el Ministerio del Interior". Otra vez los servicios jurídicos de AUGC volvieron a recurrir ante los tribunales, que nuevamente fallaron a favor de su representado, anulando dicha pérdida de destino y ordenando la reincorporación del agente a su destino, además de la devolución de la parte de sus nóminas que le habían sido descontadas.

"Ninguno de los responsables directos de la toma de decisiones de las propuestas torticeras de suspensión y de cese en el destino ha sufrido consecuencia alguna por esta actuación", apostilla la AUGC.

Pero esta no es la única decisión tomada por la Comandancia y por la Dirección General contra este guardia civil que luego ha sido anulada. El "calvario" comenzó en 2011, cuando este agente fue acusado de un delito de violación de secreto por lo que le fue abierto un expediente disciplinario por falta muy grave.

Los servicios jurídicos de la asociación subrayan la “persecución” sufrida por el perjudicado

Pese a que esta causa terminaría siendo archivada por un juzgado de Moguer, tras su imputación el trabajador fue cesado en el destino y suspendido de sus funciones por parte de la Dirección General, con los consiguientes perjuicios económicos, morales, familiares y personales.

Una vez que fue archivada la imputación no se le ofreció volver a su anterior destino, "sino que fue destinado de forma forzosa, sin posibilidad de peticionar ni ejercer ningún tipo de acción, a la Comandancia de Gerona". Nuevamente AUGC Huelva recurrió dicha decisión, y el TSJ de Madrid estimó su demanda, sentenciando que dicho guardia civil debía volver a su anterior destino en la Comandancia de Huelva.

Tras este fallo, la Benemérita cumple con la sentencia "en parte y solo le concede el destino, pero no le abona parte de las nóminas que le descontaron", por lo que otra vez los servicios jurídicos de AUGC tienen que intervenir.

Ese mismo año y como consecuencia del cese en el destino, también le fue ordenado el desalojo del pabellón oficial que ocupaba, junto con sus muebles y enseres, "que nunca le ha sido devuelto a pesar que por dos veces han sido estimadas sus demandas".

Hasta para anular los antecedentes penales "tuvo problemas y se tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Agencia de Protección de Datos". También dicho recurso fue estimado y auspiciado por los servicios jurídicos de AUGC Huelva.

Durante todo este proceso, se le abrieron varios expedientes disciplinarios, unos fueron estimados y otros no, y fueron emitidos escritos "donde se dejaba ver la opinión desfavorable que tenían los mandos de la Comandancia para que volviera a su anterior destino, sin que existiera legalmente ningún impedimento para ello". El "empecinamiento "de la Comandancia de Huelva para que este efectivo no volviera a su puesto "no tiene ninguna explicación".

En 2018 fue sancionado, con una suspensión de empleo y sueldo, y nuevamente los servicios jurídicos de AUGC volvieron a recurrir dicha sanción, siendo esta anulada. "En contra de toda lógica y del principio de no sancionar dos veces por los mismos hechos, la Zona de Andalucía ha vuelto a abrir el expediente que fue estimado en el recurso de alzada, por lo que si no se atienden las alegaciones presentadas este guardia civil será sancionado en contra de un principio constitucional y lo será por la misma autoridad que ya lo sancionó anteriormente".

La agrupación recalca que "el daño ya está hecho y este guardia civil lleva sin trabajar varios años, con el evidente perjuicio para la ciudadanía".