Tiene 71 años y se llevó 20 percibiendo la pensión de su padre pese a que este había fallecido. A.A.R. fue condenada ayer a dos años de prisión, al pago de una multa de 135.000 euros y al abono de una indemnización de 101.279 euros. De esta última cantidad responderá subsidiariamente la entidad bancaria en la que se mantenía abierta la cuenta.

La onubense reconoció los hechos y arrancó un beneficioso acuerdo a la Fiscalía, que pedía para ella inicialmente cuatro años y diez meses de reclusión y una multa de 300.000 euros por un delito de fraude de prestaciones.

Al carecer de antecedentes penales, la admisión de la autoría del delito la eximirá de entrar en prisión: "Me arrepiento horrores y era ignorante de todo esto", afirmó en el turno de la última palabra ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, presidido por el magistrado Antonio Pontón.

También ha obtenido una rebaja en el plazo que la privará de obtener cualquier tipo de subvención, incentivos fiscales o de la Seguridad Social, que inicialmente era de seis años (como pedía la acusación pública) y ahora será de cuatro.

La fiscal del caso remarcó en su informe final que "ha quedado acreditada la desidia de la entidad bancaria, que debía realizar un control de supervivencia desde 1996". El responsable de la caja de la sucursal admitió que "conocimos el fallecimiento cuando nos requirió nuestro departamento que hiciéramos el cargo del importe a la Seguridad Social, en 2016".

Porque como ha quedado probado en la vista oral (la sentencia que redacten los magistrados será firme), esta mujer era cotitular desde 1994 de la cuenta en la que su padre cobraba la pensión, pero el hombre falleció en junio de 1996 y ella no comunicó su muerte. Estuvo cobrando el montante mensual hasta el 30 de septiembre de 2016, momento en el que la Seguridad Social detectó el ilícito.

El subdirector de Incapacidad Permanente y Control de Pensiones de la Seguridad Social en Huelva intervino en el juicio para decir que "recibimos un fichero en septiembre de 2016 donde se nos ponían de manifiesto los datos erróneos entre las fechas de nacimiento y defunción" de los beneficiarios de las prestaciones.

Entonces se descubrió el pastel. "Detectamos que había pensionistas que tendrían entre 105 y 115 años", lo que acabó con las pertinentes comprobaciones en el Registro Civil y con el afloramiento del fraude.

El montante total adeudado en los más de 20 años de cobro de la pensión superó los 134.000 euros, de los que "33.000 se los reclamamos a la entidad financiera", por lo que quedan por cubrir otros 101.279 euros.