La Audiencia Provincial de Huelva juzgará el lunes a una mujer por un delito de fraude de prestaciones, después de que presuntamente cobrara durante 23 años la pensión de su padre, quien falleció en mayo de 1996.

La Fiscalía de Huelva pide para ella una pena de cuatro años y diez meses de prisión y una multa de 300.000 euros. Además, solicita que se le impida obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años, el pago de las costas y una indemnización para la Seguridad Social de 101.279,21 euros por las pensiones satisfechas y aún no reintegradas.

Como consta en el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Huelva Información, la acusada era cotitular de la cuenta bancaria de su padre. "Con perfecto conocimiento de que el único ingreso que se efectuaba en dicha cuenta era el abono de la pensión de jubilación de su padre, ingresada mensualmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no comunicó ni a este ni a la entidad financiera el fallecimiento, de manera que desde la referida fecha ha venido enriqueciéndose cada mes en la cantidad correspondiente al importe de la pensión de su padre fallecido y disponiendo en multitud de ocasiones de la misma, bien a través de reintegros en cajeros automáticos o bien a través de compras realizadas con la tarjeta asociada a la cuenta señalada, de la cual ella era la única titular".

Los hechos señalados fueron descubiertos por el propio INSS al efectuar un control sobre pensionistas con fechas de supervivencia incoherentes. Confirmado el fallecimiento, se procedió a cursar la baja de la pensión el 30 de septiembre de 2016.

Pese a que le fue notificado el fraude, la mujer no solventó el problema. La cuantía total de la pensión desde día el 17 de junio de 1996 hasta el día 30 de septiembre de 2016 asciende a 134.289,21 euros.